YA HAN pasado cinco meses desde la reforma unilateral del Seguro Social en Nicaragua. Más de 23.000 personas han huido del país centroamericano y la crisis interna continúa agudizándose con la represión estatal y con las leyes de terror implementadas por el gobierno de turno. A pesar de que el gobierno afirmó que no implementaría la reforma, la crisis política nicaragüense continúa agravándose.
La población de Nicaragua ha demostrado que su descontento e inconformidad con Ortega no solo es por el Seguro Social, o por la iniciativa del gobierno de construir el Canal Interoceánico, el cual implicará la expropiación de tierras a indígenas y campesinos. Ni siquiera es por la pésima respuesta de Managua ante el en incendio del bosque Indio Maíz - una de las selvas tropicales más importantes de Centroamérica –, el cual generó la pérdida de 5.400 hectáreas, debido en parte a que el Ejército nacional tardó cuatro días en intervenir. Sin mencionar, la negativa de Managua de aceptar la ayuda por parte de Costa Rica para contener la catástrofe natural.
Más allá de estos hechos puntuales, lo que Nicaragua quiere en realidad es una democracia de verdad. A pesar de que las situaciones descritas anteriormente han propiciado el descontento por parte de la población, las demandas por libertad y democracia se han vuelto el centro de las protestas - que se remontan a abril de este año-, que han provocado enfrentamientos entre estudiantes y las fuerzas policiales. La violencia ha escalado a tal punto que el Ejército ha hecho un llamado para el cese a la violencia, recargando las acciones de la policía nacional y de los grupos de Jóvenes Sandinistas y grupos paramilitares urbanos. En pocas palabras, aparte de no escuchar al pueblo ni a sus Fuerzas Armadas, Ortega ha recurrido a la represión, para darle inclusive más razones tanto al pueblo como a la Comunidad Internacional para estar en contra del régimen.
A lo largo de la crisis se ha acusado al gobierno de represión ilegítima, de cometer arrestos arbitrarios, actos represivos, tortura en los procesos de detención, sanción a manifestantes, persecución de los líderes de las manifestaciones y de aquellos que los apoyan, entre otros. Sin embargo, Ortega ha desconocido su responsabilidad argumentando que no existen grupos paramilitares que respalden al gobierno y que las víctimas son producidas para culpar a la institucionalidad nicaragüense y para afectar el orden público. Los grupos de Jóvenes Sandinistas, y los muertos y heridos a causa de las acciones de la Policía para reprimir las protestas no son reconocidas por el gobierno. Por ende, va a ser poco probable que la justicia ordinaria juzgue estos actos atroces que se han venido cometiendo contra la población civil. A pesar de lo anterior, es importante recalcar que hay personas que siguen creyendo que el régimen tiene la razón, pues en efecto, ha habido manifestaciones a su favor.
Cómo se ha podido observar, los intentos para desescalar la crisis no vienen del gobierno de turno. Si bien, Ortega ha acudido a la mesa de negociación, en la cual la Conferencia Episcopal ejerce como mediadora, los diálogos no han fluido como se esperaba. Lo anterior, debido a que el Presidente no quiere aceptar que los comicios electorales se adelanten de 2021 a 2019, admitir una reforma constitucional o consensuar la destitución de los máximos representantes del gobierno nacional. Condiciones que ha puesto sobre la mesa la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), integrada por empresarios, estudiantes y la sociedad civil.
Huida
A pesar de los intentos de mediación, la crisis continúa escalando. La migración de nicaragüenses hacia Costa Rica, México, Estados Unidos y Canadá ha aumentado desde abril. Cientos de personas se han acercado a las oficinas de migración nicaragüense para completar los trámites de pasaporte y visa para poder salir del país como refugiados debido a la persecución política, a la represión, a la sensación de inseguridad económica y al aumento del desempleo. Aspectos de la crisis ante los cuales la respuesta del gobierno es incierta.
El país destino más popular para los refugiados nicaragüenses es Costa Rica. Según Naciones Unidas, de abril a julio, más de 23.000 personas solicitaron asilo. A pesar del continuo flujo de refugiados, San José no ha parado de realizar esfuerzos para brindar protección y asistencia inmediata a los refugiados y solicitantes de asilo. Es de aplaudir el hecho de que la ayuda está siendo brindada independientemente de si el migrante entra de manera regular o irregular al país. Sin mencionar, que San José está trabajando con ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, con la finalidad de agilizar los procesos de inmigración y de brindar apoyo para aquellos que huyen de la violencia.
Sin embargo, no todo es positivo. A pesar de que ha habido manifestaciones de solidaridad por parte de la población costarricense, el aumento de nicaragüenses ha aumentado la xenofobia en el país. Como resultado, Costa Rica ha aumentado los controles migratorios y ha buscado fortalecer su frontera con Nicaragua para evitar que personas con antecedentes criminales entren al país. Aunque San José endureció las medidas, sigue intentando cumplir con la responsabilidad que la mayoría de Estados deben cumplir al ratificar la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.