MÁS QUE un acto político, lo que pretende el líder conservador Alberto Núñez Feijóo con su convocatoria a la marcha nacional de hoy es tocar la fibra de cada español para que sin distingo de militancia, creencias o coyunturas expresen públicamente su respaldo a la soberanía, la unidad territorial y el orden constitucional.

En un inédito escenario donde el más votado en las legislativas del pasado julio (el conservador Partido Popular liderado por Núñez Feijóo) resignará su derecho a gobernar España por no acceder a pactos políticos que implican un quiebre constitucional, tal cual es la amnistía a los independentistas que el socialista Pedro Sánchez está dispuesto a conceder para seguir cuatro años más, el llamado a tomarse pacíficamente las calles, desde el mediodía de hoy, es una sincera apelación a la nacionalidad, más allá de una bandera o intención política.

En la antesala de la votación de investidura (martes y miércoles) que salvo una rebelión de diputados socialistas o vascos -inclusive catalanes- se sabe fallida, Núñez Feijóo convocó a este acto de protesta contra la amnistía, en la madrileña Plaza de Felipe II, a todos los ciudadanos preocupados porque se va a romper la igualdad entre los españoles, recordando que ello es “lo que diferencia una democracia de una dictadura”. De allí que en el emblemático lugar habrá más banderas de España y de las comunidades autónomas que pendones del PP.

Además, la directiva conservadora quiere que su acto "trascienda las siglas" del partido porque Núñez Feijóo, encargado por el Rey para formar gobierno, acudirá al debate de investidura con los apoyos de Vox, UPN y Coalición Canaria, que suman 172 apoyos, faltándole únicamente cuatro para la mayoría absoluta que le darían las llaves de La Moncloa.  De este modo, no alcanzaría la mayoría absoluta de 176 de los 350 diputados en el Congreso para ser investido en una primera votación. En una segunda, cuando solo necesitaría más síes que noes, chocaría con 178 votos en contra, por lo que tampoco tendría éxito.

El PSOE en coalición con Unida podemos y Más País llega a 158 escaños, pero da por descontado el respaldo (con fácil negociación) de Bildu y ERC, con lo que llegará a 171, por lo que le son imprescindibles los siete votos de Junts, la formación catalana i liderada por el exiliado Carles Puigdemont. Y de allí sus exigencias, entre las que está amnistiar a los del ‘procés’ y reconocer la “legitimidad democrática del independentismo”.

A sus 62 años, la mayoría de los cuales ha dedicado a la política y sobre todo a defender la Constitución de España, Núñez Feijóo si bien no oculta su tristeza por no lograr los cuatro respaldos que necesita, se reitera en lo que ha sido su norma de vida “defender la libertad y la igualdad de los españoles, cueste lo cueste”. Y así es consciente de que sus férreas convicciones le costarán la jefatura de Gobierno.

En reciente acto público, el líder conservador arremetió contra Sánchez apelando a las mismas críticas que éste le hiciera. “No es una pérdida de tiempo cumplir y hacer cumplir la Constitución, cumplir y hacer cumplir el mandato del jefe del Estado" o "cumplir y tener respeto por el resultado de las urnas", al tiempo que aseguró que “ningún Gobierno vale la dignidad de un político" y recordó a los españoles que siempre tendrán en el PP una "garantía" de compromiso con la Constitución.

Núñez Feijóo se ha dedicado estas semanas previas a su debate de investidura a alertar sobre las ‘jugadas políticas peligrosas’ que ha hecho y seguirá haciendo el líder socialista para seguir en el poder.

"Podríamos decir que en una democracia madura como la nuestra, haber llegado a este nivel de degradación moral y política no tiene nombre, pero en España sí lo tiene". Y, a renglón seguido recordó que el actual gobierno ha permitido, entre otras cosas, que el ERC "dictase" lo que había que hacer con los indultos y la sedición. Lamentó, así mismo, que “un expresidente de la Generalitat buscado por el Tribunal Supremo" -Carles Puigdemont-, "decida quién va a ser el próximo presidente del Gobierno".

“Ese es un chantaje independentista al que Sánchez está dispuesto a ceder”, agregó.

División y rechazo

Y ello quedó reforzado tras el discurso del jefe de gobierno español en la Asamblea de Naciones Unidas, donde cuestionó la vía judicial que se emprendió contra los dirigentes del procés en Cataluña y aseguró que "una crisis política nunca tuvo que derivar en una acción judicial y una judicialización".

De inmediato reaccionaron tanto los conservadores como los magistrados españoles. Para el primero, ahora es más “imprescindible” que los diputados respalden su investidura tras evidenciarse el “engaño” y “fraude reincidente” de Sánchez con la amnistía, la que recalcó es “una enmienda de totalidad al Estado de Derecho”.

Recordó que meses atrás el jefe de gobierno no sólo se apoyó la vía judicial para procesar a los independentistas, sino que se comprometió a poner a fugados como Carles Puigdemont "a disposición de la justicia".

Entre tanto, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) rechazaron que Sánchez haya cuestionado la vía judicial que se emprendió contra los líderes del 'procés' catalán y recordaron que "los tribunales no pueden mirar a otro lado" cuando se comete un delito "porque sean políticos y digan que actúan con fines políticos".

María Jesús del Barco, presidenta de la asociación mayoritaria de jueces -la APM- dijo a Europa Press que "la vía judicial se inició porque (los líderes independentistas) cometieron hechos delictivos". Recordó que en su momento el propio Sánchez "aplaudió" que los jueces actuaran, "diciendo que traería a (Carles) Puigdemont ante la justicia".

El portavoz de FJI, Fernando Portillo, sostuvo que "la vía judicial que se emprendió no fue porque (los líderes del 'procés') hayan querido defender unas opciones políticas, sino porque recurrieron al camino del delito" y mostró su "asombro" por el hecho de que cada vez se use más el prisma "político" para "justificarlo todo".

Por su parte, Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la AJFV, dijo que como ciudadano le "preocupa" que el jefe del Ejecutivo "piense que hay hechos delictivos que no tenían que haber sido perseguidos penalmente".

Fernández Vaquero ha subrayado que "deslegitimar todo el sistema institucional y de protección de derechos fundamentales por un asunto político" le parece "propio de un temerario".

Las exigencias de los independentistas catalanes han causado generalizado rechazo, más allá del signo político que se tenga.

Prueba de ello la posición pública del expresidente de Gobierno, el socialista Felipe Sánchez quien dijo que ese “chantaje” que pretende Puigdemont con la amnistía a los encausados en el 'procès' no es políticamente aceptable por ir en contra de la Constitución.

“Cuanto más pierden, más chantajean", dijo el exmandatario, haciendo hincapié en la pérdida de apoyo en las urnas de las formaciones independentistas en las últimas citas electorales, al tiempo que ha hecho un llamamiento a no permitirlo. "No podemos dejarnos chantajear por nadie, y menos por minorías en vías de extinción", ha añadido.

De otra parte, subrayó que no existe posibilidad de hacer "ninguna reforma seria" en España si no es mediante un acuerdo entre PSOE y PP y se mostró a favor del mismo, por ejemplo, para acometer una reforma del Senado.

España tiene hoy, como dice la canción, ‘el corazón partío’ políticamente. De allí que la defensa ciudadana por la libertad, igualdad y unidad nacional sea más necesaria que nunca. /