El gobierno y la oposición de Venezuela acordaron este martes que las próximas elecciones presidenciales se realicen en el segundo semestre de 2024 con observadores internacionales como la Unión Europea, según un documento suscrito en Barbados dentro del proceso de diálogo mediado por Noruega.
Las partes convinieron además el respeto a los procesos de elección interna de cada actor político, cuando la oposición se dispone a elegir, el domingo, al candidato que enfrentará al presidente Nicolás Maduro.
El documento propone "que el proceso electoral presidencial se realice en el segundo semestre del año 2024, atendiendo el cronograma constitucional".
La fecha de las elecciones la define el Consejo Nacional Electoral (CNE), cuya directiva fue renovada en agosto.
El documento pide una actualización del registro electoral, incluido en el extranjero, una petición de la oposición, y que se inviten a "misiones técnicas de observación electoral".
Entre ellas, la Unión Europea, muy criticada por el chavismo tras su observación en las regionales de 2021, el panel de expertos electorales de la ONU, la Unión Africana, la Unión Interamericana de Organismos Electorales y el Centro Carter.
El proceso de diálogo entre el gobierno y la coalición opositora Plataforma Unitaria comenzó en agosto de 2021 y desde entonces ha sido interrumpido en dos oportunidades, la última en noviembre de 2022, luego de que la delegación de Maduro condicionara el diálogo al desembolso de 3.000 millones de dólares de fondos congelados de Venezuela en el exterior.
Un punto que quedó sin resolver fue el relacionado con las inhabilitaciones políticas, una bandera para la oposición que las tacha de inconstitucionales.
El acuerdo habla de permitir a todos los candidatos "siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en reelección presidencial, consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana".
María Corina Machado, la favorita en las internas para enfrentar a Maduro, en teoría no podrá postularse a presidenta porque está inhabilitada por 15 años.
Maduro -que pide en el proceso el levantamiento de sanciones contra su gobierno- adelantó el lunes que los acuerdos serían "beneficiosos para el país".