Este lunes, a 50 años del derrocamiento de Salvador Allende -11 de septiembre de 1973- y la posterior dictadura de 17 años liderada por Augusto Pinochet, Chile sigue lejos de encontrar un relato medianamente compartido sobre las causas que derivaron en el golpe de Estado.

Los debates actuales sobre qué pasó y cómo interpretar el golpe de Estado son de “una intensidad plural, en la que superponen múltiples voces en pugna”, dice el escritor Rafael Rojas, en la revista Letras Libres. En esta persiste una “memoria en disputa”, en la que tantos sectores de izquierda como de derecha y centro tienen sus propias interpretaciones.

“La historia podrá seguir discutiendo por qué sucedió o cuáles fueron las razones o motivaciones para el golpe de Estado”, ha dicho Patricio Fernández, asesor del presidente Gabriel Boric para esta conmemoración, tras lo que tuvo que renunciar presionado por el Partido Comunista y organizaciones de Derechos Humanos por “relativizar el golpe”.

La noción de Fernández, sin embargo, muestra que un sector de la izquierda chilena reconoce -aunque no comparte- la emergencia de una nueva historiografía que debate hechos históricos, como la mitologización de Allende como líder innato, los quiebres dentro de la Unidad Popular, la radicalización del Partido Socialista, así como las alianzas entre militares y empresarios para conspirar y llevar a cabo el derrocamiento.

En sus apariciones públicas, Fernández, un periodista de izquierda que dirige la revista satírica The Clinic, ha citado una obra que recién apareció en las librerías chilenas, “Salvador Allende. La izquierda chilena y la Unidad Popular”, escrito por el intelectual de derecha, Daniel Mensuay. También, para contrastar, invita a leer la historiografía clásica sobre el golpe de Estado como la de Joan Garcés, exministro de Allende, y Tomas Moulian, así como el libro del expresidente de Patricio Aylwin.

En ese ejercicio de contraste, que permite encontrar variaciones y construir una lectura matizada de la historia, se encuentran investigaciones académicas como la Tanya Harmer y Marcelo Casals. Estos historiadores, dice Rafael Rojas, han investigado el rol de los grupos sociales en el Chile de 1973, como las clases medias y lo que llaman “el conservadurismo popular”. Estos pueden explicar, más allá del papel de los militares, las causas que llevaron al golpe de Estado en contra de Salvador Allende.

Preguntas y condiciones

En el relato historiográfico los autores coinciden en que la cúpula militar liderada por Augusto Pinochet atacó directamente el Palacio de la Moneda y perpetró el golpe de Estado, marcando la historia no sólo de Chile, sino de toda América Latina. Esta coincidencia, sin embargo, no es la misma en cuanto a las razones del mismo.

Para escrudiñar sobre ellas, Rafael Rojas, en su lectura asidua de la historiografía sobre el golpe, se pregunta: ¿Cómo debía hacer un gobierno que sólo tiene un tercio de la población, para transformar estructuralmente una sociedad? ¿Qué papel debía jugar la DC (Democracia Cristiana)?

Estos dos interrogantes, en perspectiva, son ideales para entender el Chile de los meses previos al golpe, que demuestran una enorme vulnerabilidad del Presidente, con desafíos que vienen no sólo de la oposición, sino de la propia coalición de gobierno, la Unidad Popular.

En un interesante reportaje de 2013, “Especial: 50 años del golpe de Estado”, producido por el chileno Canal 13, se describen cronológicamente los hechos. Vale la pena aterrizarlos, relacionándolos con las preguntas que plantea Rojas.

Los meses de junio, julio y agosto de 1973, según el reportaje y el historiador Mansuy, fueron muy convulsos. Los “cordones industriales”, una unión de 71 sindicatos que convoca a más de 3.000 personas, en la que hay camioneros y mineros, paraliza Santiago. Estos sectores se oponen a la nacionalización del cobre, una de las primeras decisiones de Allende para establecer, como él mismo lo llamó, “el camino al socialismo”. También protestan por las condiciones de vida: inseguridad -paramilitares progobierno y antigobierno-, hiperinflación de tres dígitos y déficit (-22%).

Mientras en las calles hay huelgas, las juventudes de la UP y el Mapu se radicalizan y cinco miembros del partido de ultraderecha Patria Libertad se exilian. Allende empieza a perder respaldos dentro de la Unidad Popular.

“Había un ala de la izquierda, que era donde está parte relevante del Partido Socialista, parte del Mapu, ni decir de la izquierda Cristiana, que estaba obnubilada por el ejemplo cubano. Ese mundo quería acelerar la revolución”, dice el historiador Mensuay en diálogo con CNN Chile. Son los que gritan en las calles “hay que matar a todos los momios” (documental Canal Trece). “Y hay otro mundo, que es el allendismo y el Partido Comunista, que no quiere el enfrentamiento”, añade Mensuay.

Allende va viendo como se diluye la coalición (socialistas, comunistas, socialdemócratas, radicales, MAPU, MIR) que lo llevó al poder en las elecciones de 1970, “con más abstención que votos positivos”, según Mensuay. El bloque de izquierda es cada vez más débil. Entonces, el Presidente decide acudir a la Democracia Cristiana, partido opositor de Eduardo Frei y Patricio Aylwin, que cuenta con mayoría parlamentaria, para lograr un pacto de gobierno.

Según Aylwin, jefe por ese entonces de la DC y escritor del libro “La experiencia política de la Unidad Popular (1970-73)”, Allende los busca para hacer un acuerdo el 17 de agosto, en una reunión en la que le pide que escoja entre “un presidente que (..) ha destruido la democracia, ha arruinado la economía y ha puesto en riesgo la seguridad del país; o la otra, de un hombre cuyo Gobierno marque un hito”. A los miembros del Partido Demócrata Cristiano les achacan por esta razón ser cómplices del golpe, lo que Aylwin, en su libro, niega. “En ese desencuentro entre Allende y Frei está contenida buena parte de la tragedia final de Allende”, dice el historiador Mensuay.

Allende decide reorganizar el gabinete y nombra a dos militares: Carlos Prats en Defensa e Ismael Huerta en Obras Públicas. Es el “gabinete de seguridad nacional”, así lo llama el Presidente. Unos meses antes, un sector del ejército, “los sublevados”, había atacado a su gobierno en el conocido “tanquetazo”. Cree, con estos nombramientos, que se protege de otra sublevación. Prats no dura más de un mes. En su reemplazo llega a Augusto Pinochet.

Ya a estas alturas el golpe parece estar diseñado. En el Barrioalto, de Santiago de Chile, el Comité de los 15 lleva semanas reuniéndose para planificar cada paso. Generales como Montero y Yovane, empresarios y otros civiles piden que los cuarteles se movilicen hacia La Moneda, el 7 de septiembre. El Comité se entera que, como revela un audio publicado por CNN Chile, Allende pensaba convocar un plebiscito el mismo 11 de septiembre; nunca termina de organizarse.

En esos mismos días, Allende confiesa su amigo Joan Garcés, “pensó en renunciar”. Finalmente, el golpe de Estado comienza en la madrugada de ese martes, 11 de septiembre.

Por fuera de este relato cronológico de los últimos meses, quedan hechos como el asesinato del general Schneider a manos de un grupo de ultraderecha en 1970, el paro de octubre de 1972 y los comicios parlamentarios de marzo del año siguiente. Todos ellos explican el complejo contexto por el que atraviesa el gobierno de la Unidad Popular, que ya para la mitad de 1973 está desorientado, tiene poco apoyo político y enfrenta una profunda crisis económica.

Actualidad

En Chile hoy se da por descontado que se perpetró un golpe de Estado contra Allende y que eso derivó en una dictadura que cometió violaciones a los derechos humanos e interrumpió una democracia que, hasta Augusto Pinochet, sólo había tenido una autocracia, la de Carlos Ibáñez (1927-31).

La pugna está entre aquellos que lo han legitimado y los que no. En 2023, un 36% de los chilenos creen que “hubo una razón para el golpe de Estado”; 20 % más que los que creían esto diez años atrás, según la encuestadora CEC Mori.

Con pocos espacios de diálogo, la intensidad del debate sobre el golpe ha escalado desde 2019, año del denominado “estallido social”, en el que la izquierda y algunos movimientos sociales se movilizaron para exigir un “cambio” a través de una nueva Constitución generando, en algunos casos, violencia y terrorismo. En reacción, la derecha se organizó para las elecciones legislativas de 2021, logró la mayoría absoluta en el Congreso y hoy bloquea la agenda de Boric.

Polarizado, como tantas sociedades contemporáneas, Chile conmemora el aniversario del golpe de Estado lejos de transitar por un ambiente como el de 2003, cuando Ricardo Lagos celebraba los 30 años de ese hecho como “un día para la memoria”, en momentos en que Chile gozaba de una amplia e incluyente coalición política: La Concertación.

A medio siglo del derrocamiento y muerte de Allende, el duelo para construir una memoria colectiva diversa, pero con acuerdo mínimos, sigue vigente. La historiografía, con sus autores de diferentes corrientes, ayuda a tener una noción más matizada, en la que se entiende el mapa plural de una memoria en disputa sobre las causas de ese golpe de Estado que ha marcado la historia democrática, política y social de Chile.