Las razones de Cabo Verde para extraditar a Saab hacia EU | El Nuevo Siglo
Jueves, 6 de Agosto de 2020
Redacción internacional

El embajador de Cabo Verde ante las Naciones Unidas y otros países, Fernando Wahnon, dijo que las autoridades han hecho bien en colaborar con Interpol en el arresto de Álex Saab, mientras que el exasesor del Presidente de la República y analista político, Ludgero Correia, admite que es un proceso “que puede tener consecuencias directas o indirectas”.

Como país democrático y miembro de la comunidad internacional, Cabo Verde "tomó la decisión correcta", considera Wahnon, para quien el país actuó de conformidad con las normas internacionales.

Por esta razón, dice, "no puede haber ninguna razón para hablar de cortar las relaciones con otros estados", argumentó el diplomático, recordando que hubo colaboración en la orden emitida por Interpol y en la solicitud de extradición hecha por Estados Unidos, "el proceso siguió los procedimientos normales en las instancias judiciales”.

Para el diplomático Wahnon, es natural que el régimen de Nicolás Maduro, no esté satisfecho, pero explica que Cabo Verde actuó "como cabría esperar de un país que respeta la ley y las normas internacionales".

Con respecto a la cuestión de la inmunidad diplomática del presunto testaferro del mandatario venezolano, alegada por el gobierno de Maduro y los abogados defensores, los reconocidos Baltazar Garzón y Rutsel Martha, Wahnon dice que según la información que tiene "de una fuente bien posicionada" que Saab no tenía un pasaporte diplomático.

El embajador de carrera dice que incluso si Álex Saab tuviera un pasaporte como ese, la inmunidad no es automática porque eso solo se aplica a un Jefe de Estado.

Por su parte, el analista político António Ludgero Correia entiende que "un tema delicado como este, siempre puede tener consecuencias directa o indirectamente".

Sin embargo, considera que sería más perjudicial para Cabo Verde no colaborar con Interpol y Estados Unidos de América.

"La única represalia, en mi opinión, que Venezuela puede ejercer es la expulsión de los estudiantes caboverdianos que están en ese país, pero no veo nada más que pueda hacer contra Cabo Verde", agrega el asesor del actual Presidente de la República, Jorge Carlos Fonseca.

La decisión

El Tribunal de Apelaciones de Barlavento, en Cabo Verde, decidió el 31 de julio extraditar al colombiano Álex Saab a Estados Unidos, donde será juzgado por ocho delitos, uno de los cuales es "conspiración para cometer lavado de dinero" y siete por "lavado de instrumentos monetarios".

El abogado João do Rosário, uno de los miembros del equipo de defensa de Saab, aseguró que la defensa apelará ante la Corte Suprema de Justicia. La defensa tiene 10 días para apelar y João do Rosário aseguró que "iremos a la última instancia".

Al final de las apelaciones, el Gobierno debe ratificar o no la decisión judicial.

Cabe recordar que el 23 de julio, la ministra de Justicia y Trabajo de Cabo Verde, Janine Lélis, dijo que el Gobierno no se entrometió en el trabajo de la justicia y "lo que la Corte decide es qué es la cosa juzgada sobre el asunto".

El proceso

Álex Saab, considerado un enviado especial del Gobierno de Venezuela, fue arrestado el 12 de junio en Cabo Verde en ruta a Irán, donde, según Caracas, negociaría la compra de productos y bienes para el país.

Fue arrestado a pedido de Estados Unidos, que lo acusó de varios delitos, como el lavado de más de 350 millones de dólares en bancos estadounidenses.

Como se recordará, un tribunal caboverdiano dio “luz verde” a la extradición hacia Estados Unidos de un empresario colombiano acusado por Washington de organizar una red de corrupción en beneficio del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La defensa de Saab anunció su intención de apelar, en tanto que advirtió que la decisión de éste podría tomar tiempo debido al receso judicial por vacaciones.

El grupo de la defensa consideró incompleta y apresurada la decisión del tribunal de Barlovento, tomada en vísperas del receso.

Estados Unidos acusa a Saab de gestionar una vasta red que ha permitido al líder venezolano y a su régimen desviar la ayuda alimentaria a Venezuela en beneficio propio.

"Utilizan la comida como forma de control social, para recompensar los apoyos políticos y penalizar a los opositores, en tanto embolsan centenares de millones de dólares gracias a varios asuntos fraudulentos", había denunciado en julio de 2019 el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin

Ese funcionario señaló que habría sanciones económicas contra Saab. El secretario agregó que “Saab se comprometió con los miembros del régimen de Maduro para dirigir una red de corrupción a gran escala que utilizaron de manera cruel para explotar a la población hambrienta de Venezuela”.

Dos meses más tarde, Washington había impuesto nuevas sanciones contra quince empresas vinculadas al empresario colombiano, incluidas en una lista negra estadounidense como "beneficiarias".

La administración Trump, que reconoció el año pasado al opositor Juan Guaidó como presidente provisional de Venezuela, intenta expulsar a Maduro del poder.

En particular, impuso un embargo petrolero y señaló a las figuras más importantes del régimen de este país en crisis. Sin embargo, hasta ahora no ha logrado concretar sacar a Maduro del poder.

Sobre la decisión del tribunal el abogado Garzón señaló que “a pesar de que dicho tribunal ya había dictado la resolución, ésta la notificó días después, mientras que el señor Saab estaba esperando la fecha de la audiencia prescrita por la ley en la que ejercer, con igualdad de armas, su derecho de defensa”, indicó.

Para el abogado, el Tribunal tomó la decisión basado exclusivamente en las alegaciones de los fiscales. “Se ha privado al señor Saab de un recurso efectivo en Cabo Verde, lo que llama la atención ante los contundentes argumentos de la defensa expresados en un documento de oposición y el apoyo de varios dictámenes internacionales independientes”, mencionó el jurista.

Con la decisión del Tribunal, aún le quedan a Saab dos instancias para evitar la extradición a Estados Unidos.

“El señor Saab se reserva las acciones judiciales locales e internacionales a que hubiere lugar para hacer efectivos sus derechos, ahora vulnerados”, mencionó Garzón.