MÁS ALLÁ de mirar por el espejo retrovisor, alertar sobre el peligro de una “ultraderecha organizada” a nivel mundial y la amenaza que ello representa para la democracia, evocando la toma de bolsonaristas a las sedes del poder en Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, debe encarar la batalla más decisiva de su gobierno: la economía.

La gestión económica es un campo minado para la izquierda en el mundo, especialmente en este gigante sudamericano, donde los sucesivos gobiernos del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), desde 2003 con el propio Lula da Silva hasta el 2016 con Dilma Rousseff, terminaron en una grave recesión, con el producto interno bruto (PIB) reducido en 3,5 % y 3,3 % respectivamente, en 2015 y 2016.

Las declaraciones de Lula provocan reacciones inmediatas en el mercado bursátil y cambiario desde que el fundador y líder del PT apareció como favorito en las elecciones que culminaron con su triunfo el 30 de octubre y su retorno al poder el pasado 1 de enero, tras haber gobernado el país de 2003 a 2010.

Su prédica por la prioridad social hacía caer el índice bursátil y la cotización de la moneda nacional, el real, ante el temor de una repetición del desequilibrio fiscal que condujo a la recesión económica y al fin del gobierno de la expresidenta Dilma Rousseff, también del PT, en agosto de 2016.

El legislativo Congreso Nacional la inhabilitó en un proceso basado en la acusación de fraudes fiscales, negados por el PT que define como un golpe de Estado la destitución de Rousseff, aunque se cumplieron los ritos previstos en la legislación brasileña para la inhabilitación política de los mandatarios.

Pelea con el Banco Central

Tras un primer mes de gobierno ocupado en develar el movimiento golpista, que culminó en la invasión y parcial destrucción de las sedes de los llamados Tres Poderes en Brasilia el 8 de enero, y la crisis humanitaria del pueblo indígena yanomami, en el extremo norte de Brasil, Lula se alzó contra el Banco Central (BC) y su elevada tasa básica de interés.

Esa tasa está en 13,75 % desde septiembre, tras un año y medio de sucesivas alzas ante  el aumento de la inflación dentro del proceso de recuperación económica tras la crisis provocada por la pandemia de covid-19 en 2020, cuando el BC había bajado esa tasa básica a 2 %.

Es demasiado, "una vergüenza", atacó Lula, que criticó también la independencia de la autoridad monetaria en relación al gobierno, fijada por una ley aprobada en 2021. Por esa legislación, el actual presidente del BC, Roberto Campos Neto, nombrado por el conservador Jair Bolsonaro, tiene mandato hasta diciembre de 2024.

Esa autonomía tiene vigencia en decenas de países y busca neutralizar presiones sobre la política monetaria cuya misión es sostener el poder de compra de la moneda nacional y la solidez del sistema financiero nacional.
Pero para el gobierno y muchos analistas económicos una tasa de 13,75 % no se justifica en las actuales condiciones. Se trata del interés real más elevado del mundo, ya que la inflación acumula 5,77 % en los últimos 12 meses, y eso frena el crecimiento de la economía, argumentan Lula y los dirigentes del PT, que sospechan de un sesgo político en el alza de intereses.

Para tener un referente, en Colombia las tasas de interés se han reajustado constantemente  en un esfuerzo para contener el alza en el costo de vida y enfriar la economía. A la fecha están en 12.75% y la inflación internual se ubica en 13.25%.

Campos Neto mostro su respaldo a Bolsonaro, al vestirse con su distintivo color amarillo al votar en las elecciones presidenciales y al participar de algunos actos políticos de la extrema derecha, actitudes consideradas impropias para una autoridad monetaria independiente.

Pero vale recordar la tasa básica no es decisión exclusiva del presidente del BC, sino del Comité de Política Monetaria (Copom), que integran también los ocho directores del banco. Dos de ellos concluirán su mandato el 28 de febrero y Lula podrá sustituirlos por personas de su preferencia.

Efecto boomerang

De todas maneras, hay casi un consenso, incluso entre sus aliados, sobre que los ataques al BC y a su presidente solo producen efectos negativos para el gobierno, el llamado "tiro por la culata". Lula no tiene poder para destituir a Campos Neto ni revocar la autonomía del banco.

Eso dependería del Congreso cuyos líderes ya dijeron oponerse a cualquier cambio. Una renuncia del titular del BC provocaría una crisis con más devaluación del real y alza de los intereses en el mercado financiero, efectos ya producidos por las declaraciones de Lula.

El dólar, que cerró a 5,14 reales el viernes 3 de febrero, subió a 5,28 el 9 de febrero, día en que el índice de la Bolsa de São Paulo cayó 1,77 %. Son tendencias que si se mantienen por largo tiempo elevan la inflación, que afecta especialmente a los pobres, electores mayoritarios de Lula.

Miembros del gobierno tratan de mitigar los daños.

El ministro de Relaciones Institucionales, Alexandre Padilla, negó cualquier intención gubernamental de poner fin a la gestión de Campos Neto o a la independencia del BC. Le toca al Congreso debatir las tasas de interés con la autoridad monetaria, reconoció.

El éxito o el fracaso del gobierno de Lula depende de la economía, que es afectada por el interés elevado, acotó.

Alternativas

Una salida para la confrontación entre el presidente, apoyado por el PT pero no tanto por otros partidos de la coalición, y el Banco Central puede ser el aumento de la meta de la inflación, hoy fijada en 3,25 % para 2023 y 3 % para 2024, con tolerancia de 1,5 puntos porcentuales arriba o abajo.

Es demasiado bajo para un país en las condiciones de Brasil, aún bajo efectos de la pandemia, arguyen adeptos de Lula. Un aumento permitiría aflojar el aprieto monetario y bajar un poco la tasa básica de interés. Y hay economistas que defienden un poco de inflación para estimular la economía.

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Esa meta la fija el Consejo Monetario Nacional, compuesto del mismo presidente del BC más los ministros de Hacienda y de Planificación. El gobierno tiene por lo tanto la mayoría para adoptar una decisión. Campos Neto ya dijo ser favorable a pequeño aumento, a 3,5 % por ejemplo.

Lo que más requieren el dicho mercado y los economistas que dominan la opinión pública es la austeridad fiscal. Es condición indispensable para que el gobierno promueva las políticas sociales necesarias y para contener la inflación que afecta principalmente a los pobres, arguyen.

Pero Lula debe su triunfo electoral a los votos de los pobres en una mayoría aplastante. Es producto de su gobierno de 2003 a 2010, que redujo la pobreza y la desigualdad social, además de promover un crecimiento económico de 4 % al año como promedio. Entonces, es natural que defienda la prioridad social de una manera tan insistente que hace temer una subordinación del equilibrio fiscal.

Bombas de efecto retardado

Entre las que Lula ha calificado como ‘bombas’ dejadas por su antecesor están medidas adoptadas en 2022,  que dificultan el equilibrio fiscal por varios años y hacen inevitable un déficit en 2023.

Además, asegura, dejó por lo menos 33 millones de brasileños sujetos al hambre, más que doblando la cantidad registrada al final de los gobiernos del PT en 2016. La inseguridad alimentaria afecta hoy más de la mitad de los 215 millones de habitantes del país.

El caso más trágico es del pueblo indígena yanomami, que suman cerca de 30 millones en el territorio brasileño (la etnia se extiende a Venezuela, en cantidad menor). La invasión de sus tierras por más de 20 000 mineros ilegales, los llamados "garimpeiros", provocaron una crisis humanitaria, por el caos alimentario y la diseminación de malaria y otras enfermedades.

Obviamente, en medio de ese panorama social, la prioridad de Lula y su gobierno de izquierda, aunque compartido con partidos de centro e incluso de derecha, es incrementar las políticas sociales.

La economía prácticamente estancada, ya que no se espera más que 1 % de crecimiento este año, se vuelve una limitación, un riesgo de fracaso para un gobierno que pretende ser progresista y frustrar los planes ‘no públicos’ de Lula de convertirse en el líder de la izquierda en la región.