El presidente de Bolivia, Luis Arce, advirtió que "no cederá" ante las protestas y bloqueos de vías que quieren "incendiar" el país para impedir que el exmandatario Evo Morales sea procesado penalmente por un presunto caso de estupro cuando ejercía su mandato. .

"Vamos a hacer respetar la estabilidad de los bolivianos (...) no vamos a ceder ante quienes quieren incendiar el país para protegerse de acusaciones personales ante las cuales deben dar la cara", dijo Arce en un acto ante autoridades municipales en La Paz.

Campesinos partidarios del expresidente, investigados por el presunto abuso de una menor que él niega, multiplicaron los bloqueos de carreteras que iniciaron el lunes para exigir "el cese de la persecución judicial" contra su líder.

"De ninguna manera vamos a levantar este bloqueo porque este gobierno no nos ha escuchado, no nos ha atendido. Más bien se ha dedicado a atacar a Evo Morales", dijo Ponciano Colque, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia.

Hasta el momento se reportan 14 tomas de carreteras en los departamentos de Cochabamba (centro), Santa Cruz (este) y Tarija (sur), seis más que el miércoles, según la estatal Autoridad Boliviana de Carreteras (ABC).

El departamento de Cochabamba, donde el exmandatario de 64 años tiene su base política, se encuentra aislado por las protestas.

Los manifestantes se han enfrentado a la policía, que ha empleado gases lacrimógenos para despejar algunos puntos viales. Desde el lunes han sido detenidos al menos seis manifestantes.

Aunque los cortes de rutas empezaron con la finalidad "resguardar la libertad" de Morales, según las organizaciones próximas al líder cocalero, los manifestantes apuntan ahora hacia el presidente Luis Arce por la crisis derivada por la escasez de combustible y de dólares.

En una carta enviada al presidente, varias organizaciones leales a Morales le exigieron como condición para un diálogo "el cese de la persecución judicial" contra su líder, así como su reconocimiento como candidato del oficialismo.

Morales se enfrenta a una probable detención luego de que la semana pasada se negara a declarar ante la fiscalía por los presuntos delitos de "estupro, trata y tráfico de personas".

Juicio a Añez

Entre tanto, en un tribunal de La Paz comenzó ayer el juicio penal contra la expresidenta boliviana Jeanine Áñez, por presuntamente haber planificado en 2019 un "golpe de Estado" contra el entonces mandatario, Evo Morales.

Esposada y con chaleco antibalas, Áñez fue trasladada a la corte desde una cárcel de La Paz, donde desde 2022 cumple una sentencia de 10 años de prisión por asumir la presidencia de manera inconstitucional.

"No fue golpe, sí fue fraude" electoral de Evo Morales, gritó la exmandataria de 57 años a la salida de prisión.

Junto con ella serán juzgados el exgobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho y seis personas más, incluidos exministros, exmandos militares y policiales y un líder social.

A las afueras del tribunal, fuertemente resguardado por la policía, una veintena de personas se manifestaron contra los acusados.

La fiscalía inculpa a Añez y demás procesados ​​por "terrorismo, asociación delictuosa y uso indebido de influencias", a raíz de las violentas protestas que forzaron la renuncia de Morales en 2019.

La oposición lo acusó en ese momento de cometer un supuesto fraude en los comicios en los que buscaba una tercera reelección.

La fiscalía pide para los acusados ​​entre 15 y 20 años de cárcel, según su grado de participación en terrorismo, el cargo más grave que les imputa. Camacho está acusado como autor de ese delito y Áñez como cómplice.

En noviembre de 2019, Áñez, senadora de la oposición, ganó la presidencia de Bolivia dos días después de que Morales y su entonces vicepresidente, Álvaro García, renunciaran en medio de la convulsión social.