Pocas personas en México prestaban atención a la construcción del nuevo aeropuerto de la capital del país hasta que el aspirante izquierdista Andrés Manuel López Obrador lo hizo uno de los ejes de su campaña presidencial.

López Obrador, quien encabeza los sondeos rumbo a la elección del primero de julio, ha propuesto cancelar la construcción de la obra de unos 13.000 millones de dólares y en su lugar utilizar conjuntamente la envejecida terminal aérea actual y la base militar de Santa Lucía, ubicada en el vecino Estado de México.

El candidato, a quien sus adversarios tachan de autoritario y radical, considera que el nuevo aeropuerto está plagado de corrupción.

"Es un barril sin fondo, no es negocio para la nación, no es negocio para los mexicanos", dijo el pasado 16 de abril.

De esta forma, cancelar el nuevo aeropuerto se convirtió en uno de sus emblemas de campaña junto con el rechazo a la reforma energética, que abrió el sector a la iniciativa privada después de más de 70 años de férreo control estatal.

Ambas propuestas han generado nerviosismo entre empresarios de cara a las elecciones.

Esas posturas confrontaron a López Obrador con Carlos Slim, el hombre más rico de México y quien fue su aliado cuando fue alcalde de la capital mexicana (2000-2005).

"Suspender el proyecto es suspender el crecimiento del país", dijo Slim en una inusual conferencia de prensa a mediados de abril.

Slim tenía razones para defender la obra: su constructora CICSA ganó en consorcio con otras seis compañías un contrato por casi 85.000 millones de pesos (unos 4.700 millones de dólares) para construir el edificio de la terminal, el más grande de toda la obra.

Además, el aeropuerto fue diseñado por su yerno, Fernando Romero, junto con el arquitecto británico Norman Foster.

El empresario, a quien la revista Forbes ubica como la séptima persona más rica del mundo, con una fortuna de cerca de 70.000 millones de dólares, dijo que la obra llevará desarrollo a cerca de cinco millones de personas que viven en la zona.

"Es una transformación mágica de esta área de la ciudad, es un detonador económico y social", agregó.

En ese cruce de declaraciones López Obrador respondió que si Slim quiere construir el aeropuerto "lo haga con su dinero".

En realidad, el proyecto se financia con recursos públicos y privados; estos últimos se obtienen principalmente con la emisión de bonos.

La obra, una de las apuestas más ambiciosas de la saliente administración del presidente Enrique Peña Nieto, busca resolver la saturación del aeropuerto capitalino, que en 2017 movió 44 millones de pasajeros.

Se espera que la nueva terminal, que se construye al oriente de la capital, inicie operaciones en 2020, y que mueva, cuando esté a plena capacidad, unos 125 millones de pasajeros al año con seis pistas.

Mientras eso sucede, cientos de trabajadores, que a la distancia parecen hormigas moviéndose por toda la obra, laboran en la construcción totalmente ajenos a la polémica.

Slim no fue el único empresario privado que se sumó al actual gobierno para defender la obra. El poderoso Consejo Coordinador Empresarial (CCE) había acordado en marzo una mesa técnica con López Obrador, conformada por expertos de ambas partes, para discutir la viabilidad del proyecto.