Panamá decidió retirar a su embajador en Caracas, Miguel Mejía, y le solicitó a Venezuela hacer lo mismo con su representante diplomático, Jorge Durán.

La determinación del Gobierno panameño se dio luego de que Caracas suspendiera relaciones económicas, comerciales y financieras con 46 empresas y funcionarios panameños, incluidos el presidente Juan Carlos Varela, la canciller Isabel de Saint Malo, y los ministros de la Presidencia, Álvaro Alemán, y de Economía, Dulcidio de la Guardia.

Algunas de las empresas sancionadas son Copa Airlines, Pan Colombia Travel, Supercentro Casanova, Casablanca, entre otras.

La medida del Gobierno de Nicolás Maduro fue un acto conjunto entre los Ministerios de Comercio Exterior, Interior y Justicia, y Economía y Finanzas, por “el uso recurrente del sistema financiero panameño por parte de sujetos nacionales venezolanos para movilizar dinero y bienes provenientes de delitos contra el patrimonio público”.

Según la prensa panameña, el presidente Varela calificó como una “cantinflada” la decisión de Caracas.

“El Gobierno panameño considera que se trata de una reacción política que carece de sustento, y se adopta fuera del marco jurídico internacional, adoptadas en represalia a las acciones anunciadas por Panamá”, dijo la Presidencia en un comunicado.

Las autoridades panameñas evalúan el impacto económico y comercial de dichas medidas, para identificar otras posibles futuras acciones.

A finales de marzo pasado Panamá incluyó a varios dirigentes chavistas, incluido el presidente Maduro, en una lista de alto riesgo por blanqueo de capitales.

Con esta decisión, “Panamá se sumó a los esfuerzos de otros países, incluyendo a Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea, de proteger los sistemas financieros internacionales, defender la democracia y los derechos humanos”, añadió el Gobierno.