MÁS QUE la consabida polarización política que ha marcado España en la última década, el proyecto de reforma legal del jefe de gobierno, Pedro Sánchez, han destapado las visiones antagónicas que sobre la defensa de la democracia y el cumplimiento de la Constitución tienen la gobernante izquierda y la oposición de derecha.

Tono altisonante, palabras ‘gruesas’, exageradas alertas y señalamientos infundados enmarcan desde el jueves la gresca política entre los socialistas con Sánchez a la cabeza y los ‘populares’, liderados por Alberto Núnez Feijóo.

"Estamos ante un intento de atropellar nuestra democracia por parte de la derecha, no solo la política, sino la jurídica", acusó Sánchez desde Bruselas a sus rivales políticos, al tiempo de que los acusó de un "complot (...) muy burdo" para paralizar la renovación del Tribunal Constitucional y sacar avante la reforma del código penal para ‘perdonar’ el delito de sedición a los independentistas.

La respuesta fue inmediata y directa. “Ese lenguaje populista es impropio de un primer ministro europeo y muy peligroso", sostuvo Núñez Feijóo e insistió en que el conservador Partido Popular “va a seguir respetando la convivencia y la Carta Magna porque está claro que el Gobierno no lo hace”.

En una línea más dura replicó el dirigente conservador, Esteban González Pons, quien advirtió que "lo que estamos viviendo por parte del gobierno (...) es el principio de la deriva que siguió Viktor Orban", haciendo referencia al nacionalista que gobierna Hungría, acusado por el Parlamento Europeo de liderar una "autocracia".

Conscientes de las implicaciones que la reforma del código penal impulsada por el gobierno y que tuvo un primer espaldarazo en la Cámara de los Diputados el jueves con la abstención de voto de los populares y la negativa de los también conservadores Vox y Ciudadanos, varios socialistas también se manifestaron en contra, llegando a calificar como una apuesta política arriesgada de su jefe socialista a un año de las elecciones.

"No es tolerable pactar con los delincuentes su propia condena", dijo muy enfadado el presidente regional de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, a quien se le unió el presidente de Aragón, el también socialista Javier Lambán.

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“Manzanas” de discordia

El meollo de la gresca política es la aprobación de las reformas impulsadas por el gobierno socialista para facilitar la renovación de cuatro magistrados con el mandato vencido desde junio del Tribunal Constitucional, un órgano independiente que es el máximo intérprete de la Constitución -debe nombrar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)- al igual que la ley que suprime el delito de sedición y rebaja las penas al de malversación, lo que es Sánchez sostiene es la única vía para “desinflamar” el conflicto con Cataluña pero para la derecha es legislar a favor de unos pocos, con nombre y apellido.

Para el gobierno, la actual mayoría conservadora del Constitucional no permite su renovación para evitar que se instale una “mayoría progresista”. La oposición, de su lado, acusa a Sánchez de querer "copar" las instituciones con personas afines.

Para el PP, la tramitación en el Congreso fue irregular ya que se hizo a través de un mecanismo legislativo de urgencia que impide mayor debate y, por ello, incluso antes de la votación, recurrió ante el propio Constitucional para pedir medidas cautelares que paralizaran el proceso.

En cumplimiento de ello, ese tribunal se reunió de emergencia en la mañana del jueves, pero ante el pedido de varios magistrados de mayor tiempo para el análisis, la sesión quedó postergada para este lunes. Ello no impidió que el Congreso terminara aprobando los mencionados proyectos horas más tarde, como tampoco que el Constitucional decida otorgar las medidas solicitadas, lo que dejará en el aire la ratificación de las mismas que el Senado tiene previsto hacer el jueves.

"Le pido al PP que retire el recurso en el Constitucional para evitar que ocurra algo que no ha pasado en más de 40 años de democracia en España y es que se pare una tramitación en el Parlamento” pidió este viernes el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, enfatizando que de ocurrir las “consecuencias serían impredecibles”.

En su concepto, el PP "ha ido demasiado lejos...Está tensionando las instituciones democráticas, el Congreso, el Senado y Constitucional” y sobre quién está detrás del “complot” denunciado por su jefe, sostuvo: "Si Feijóo encabeza esta operación, malo; si el señor Feijóo obedece a los elementos más extremistas y menos democráticos de la derecha en este país, peor".

En el debate del jueves, los socialistas compararon el “intento del PP de frenar la reforma” al consultar al Tribunal Constitucional con el frustrado golpe de Estado de febrero de 1981, cuando un pelotón de guardias civiles tomó por las armas el Congreso en una aún joven democracia a pocos años de la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.

Al igual que en ese año quisieron "parar un pleno y la democracia por medio de tricornios" (el sombrero típico de la Guardia Civil), el PP la quiere parar ahora con "togas" (jueces), denunció durante el diputado socialista Felipe Sicilia, lo que recibió la fuerte respuesta de la portavoz conservadora Cuca Gamarra quien señaló que “reformar leyes en 24 horas para copar las instituciones, los vamos a parar en las urnas", en las elecciones a celebrarse al final del año entrante.

Arguyó que lo ocurrido este jueves es un nuevo paso "en la demolición del Estado de Derecho" porque se rompe la igualdad de los españoles ante la ley. "Hay políticos que legislan para que otros políticos estén por encima de la ley", haciendo referencia a los independentistas.

Feijóo, por su parte, calificó como vergonzoso e inaceptable que el Gobierno y el partido socialista "insulten" a los jueces llamándoles "fachas con toga" o "equiparando a los magistrados del Tribunal Constitucional con los guardias civiles golpistas" del 23-F. De hecho, recalcó que lo ocurrido en el pleno de los diputados es más grave que la votación en el Parlamento de Cataluña en 2017 porque entonces, “el Psoe (socialismo) estaba con la Constitución” y ahora “la abandonó”.

El líder conservador reiteró que se ha sido manifiesto que Pedro Sánchez "no tiene límites", su "único objetivo es resistir" y que el hecho “sin precedente democrático de hacer un código penal a la carta de los condenados", quita toda “legitimidad” para gobernar, por lo que planteó adelantar las elecciones.

Vale recordar que desde que asumió el poder, en junio de 2018, el socialista Sánchez defiende una estrategia de "desinflamación" del conflicto en Cataluña. Así mantiene un diálogo con los independentistas moderados de Erc, en el poder en Cataluña, y en 2021 indultó a los nueve condenados a penas de entre nueve y trece años de prisión por la fallida secesión.

Ahora con su proyecto para disminuir las penas por malversación si no existió ánimo de lucro personal (pasan a ser de 1 a 4 años de prisión e inhabilitación de 2 a 6 años) y la sustitución de la sedición por un delito menor, las eventuales condenas a dirigentes catalanes que se fugaron al extranjero, como el expresidente regional Carles Puigdemont y otros excargos del gobierno regional enjuiciados serán muy laxas.

Además, como en España las nuevas leyes benefician retroactivamente a los condenados, el exvicepresidente catalán y líder de ERC, Oriol Junqueras, entre otros separatistas, podría ver recortada su inhabilitación y volver a la política en los próximos años.

Pero la estrategia de Sánchez va más allá. Paloma Román, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense señala que los proyectos del jefe de gobierno español “tienen una orientación netamente política” ya que busca “consolidar las mayorías en el Parlamento, donde el respaldo de ERC y otros partidos nacionalistas es clave si el gobierno minoritario de izquierdas quiere seguir en el poder después del 2023”.

El peligro, según Román, es que rebajar las penas por malversación "sorprende" en un país "que ha sufrido durante los últimos tiempos graves escándalos de corrupción”.

La malversación es "un asunto muy, muy sensible para el electorado" de los socialistas y de su socio en el gobierno, la izquierda radical de Podemos, que de hecho se desmarcó de su modificación, para quienes "la lucha contra la corrupción (es) una de sus banderas", sostuvo por su parte la politóloga Cristina Monge.

La medida puede entenderse en Cataluña, donde se busca pasar página, pero "en el conjunto de España, no", acota la experta, para quien este tema se convertirá en un fardo para el gobierno si los jueces la aplican y "políticos acusados de corrupción salen de la cárcel" o si a otros se les levanta la inhabilitación y terminan "en listas electorales".

Si esto ocurre, subraya, el asunto se convertirá en "el marco de la campaña electoral" y será un arma muy poderosa para los conservadores, que según todas encuestas actuales ganaría las elecciones, aunque tendría que gobernar con la extrema derecha de Vox. /Redacción internacional con agencias