Los acontecimientos que ha traído este diciembre constatan la continuidad de las agonías políticas en Perú, sin que se vislumbren escenarios estables. A un intento de “autogolpe” por parte del expresidente Pedro Castillo, le llega su retiro del poder y el encarcelamiento.  Como un primer ingrediente de toda esta trama es de puntualizar que los fundamentos y procesos de substitución de mandatarios cuentan con grandes facilidades en Perú.

Sería más fácil destituir a un presidente en la política peruana que quitarle el empleo a un secretario o secretaria en ese país.  Se trata abiertamente de una decisión política que se puede basar en condiciones de arbitrariedad. Las causales que se agitan en el Congreso gravitan en torno a que se le declara al mandatario con “incapacidad moral”.  Un resbaladizo término que ciertamente puede dar para todo; de allí las interpretaciones “a la carta” a que pueden llegar fallos de los legisladores.

Tal y como lo han analizado comentaristas locales, caso de Marisa Glave y Pablo Stefanoni, en lo que se ha calificado como un inexplicable salto al vacío, el mandatario intentó cerrar el Congreso, el mismo que trataba de destituirlo.  Ante ello, la reacción no se hizo esperar, y en un expedito proceso, en unas pocas horas, Castillo era detenido y encarcelado. En su lugar se nombró al frente del Ejecutivo a quien era la vice-presidenta, Dina Boluarte (1962 -). 

Una explicación de estos procederes por parte de Pedro Castillo consistiría en el temor que tenía de que efectivamente -luego de varios intentos- el Congreso peruano le destituyera.  Estos mecanismos de “auto-golpe” tienen la tradición de haberse inaugurado en la historia reciente, precisamente en Perú.  Se trató del cierre del Legislativo -exitosamente esa vez- por parte del presidente Alberto Fujimori en abril de 1992. El 25 de abril de 1993, Jorge Serrano intentó, infructuosamente, continuar con estos procedimientos en Guatemala.

Una explicación genérica de esta dinámica es que Castillo nunca encontró un rumbo, un planteamiento de conducción de su país. Esto puede ser similar a lo que tiene lugar en otras naciones latinoamericanas, pero en esta ocasión los poderes reales fundamentales de las fuerzas armadas y de las grandes corporaciones -además de Washington- manifestaron su desacuerdo con el intento de disolución del parlamento.

Castillo no pudo consolidar un gabinete de ministros que rindiera resultados y con ello credibilidad. En cinco ocasiones, en los 17 meses que estuvo al frente del Ejecutivo, cambió a la totalidad de sus ministros (más de 70).  Esto confirmaría las sospechas de que el partido que lo llevó al poder no contaba con un número aceptablemente calificado de profesionales.  En todo caso, es de recordar que muchos de los votos que le favorecieron, no habrían sido producto de las simpatías hacia Castillo, sino votos contra Keiko Fujimori.

Otro elemento ha sido la aparente carencia del mandatario en cuanto a los conceptos fundamentales de estrategia política.  Entre ellos se cuenta la desinformación.  Prueba de ello sería una entrevista que concedió a la cadena CNN.  En ella puntualizó: “no leo periódicos ni veo noticias en la televisión”.  La evidencia indicaría que para contar con información y planteamientos de gobierno habría dependido de terceros.

Estos terceros, conformando el entorno inmediato del mandatario, lo habrían aislado y producto de ello y de otras prácticas cuestionables, habrían posibilitado el involucramiento del mandatario y su familia en manejos opacos de recursos, por no decir que participaron -como recalcan fuerzas opositoras- en prácticas de abierta corrupción.

Es más, según otros analistas, fue ese entorno el que realmente estaba tomando decisiones, estaba gobernando.  De nuevo, a eso se sumaba el aislamiento del presidente.  Habrían sido varios los participantes que buscaban quedarse con recursos, con visión rentista del poder, evitando quedar explícitamente implicados.

Siempre en la línea del nombramiento de ministros y de personal de confianza, se ubica la situación del canciller o Ministro de Asuntos Exteriores.  Esto recayó en la persona de Miguel Rodríquez Mackay.  Es un personaje opositor que había vociferado contra el mandatario, tildándolo de comunista. 

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Rodríguez había lanzado acusaciones de fraude en las elecciones que dieron a Castillo como vencedor.  Se trataba de un confeso fujimorista. Es posible que se le nombró en un intento de dar unidad nacional al gabinete, pero en todo caso estos anhelos no se cumplieron. La oposición tuvo una importante tribuna en el gobierno al cual consideraba ilegítimo.

Fue hace poco, que Castillo nombró en la Dirección Nacional de Inteligencia (Dini) y en Ministerio de Defensa, a los militares Wilson Barrantes y a Gustavo Bobbio, respectivamente.  Se trataba de dos oficiales enfrentados entre sí, con influencia en los círculos de poder y en la milicia. Se señala que ellos le habrían advertido a Castillo que tenían la fuerza suficiente en los cuarteles para apoyar el golpe contra el Parlamento. La evidencia demostraría que se trató de un engaño, con resultados fatales para el gobernante.

Hasta ahora, Perú ha demostrado ser un país con aceptables niveles de crecimiento en la producción.  De nuevo los problemas sociales se centran en las condiciones prevalecientes de pobreza e inequidad.  En lo político la tempestad no amaina.  Se puede tener la legitimidad formal de las leyes, pero en esencia se busca la legitimidad concreta de abrir crecientemente, capacidades y oportunidades para una sociedad que clama por esos requerimientos.

*Ph.D. University of Pittsburgh/Harvard. Profesor Titular, Facultad de Administración de la Universidad del Rosario

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