LOS enfrentamientos y saqueos que sacudieron a Santiago de Chile el 18 de octubre de 2019 por el aumento de 30 pesos en el precio del pasaje del metro, fueron la alarma despertadora para un país que, pese a que duró décadas discutiéndolo, finalmente se vio obligado a tomar la decisión de reformular su Constitución Política, una carta heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Han pasado 19 meses desde que esos 30 pesos hicieron sacudir los cimientos de la política chilena, hasta que finalmente entre ayer y hoy, los ciudadanos están acudiendo a las urnas para elegir a los 155 representantes que se encargarán de la titánica labor de escribir una nueva Carta magna. Esta era una votación convocada para el 11 de abril pero que por temas de pandemia tuvo que ser pospuesta.

Ahora la pregunta de oro: ¿Qué proyecto de país va a salir de esta Constituyente? Sin entrar en la grandilocuencia que permite el lenguaje, este fin de semana es, sin duda, el punto de partida de un nuevo ciclo político en un país que vivió una de las dictaduras más descarnadas del Cono Sur. Así que, ¿cuáles deberán ser los temas transversales que regirán la nueva constitución chilena?

Hay tres elementos que deben ser tenidos en cuenta y que de alguna manera “corrigen” la actual carta política chilena.

En una primera medida, esta constituyente debe enmarcarse en borrar de manera definitiva el legado pinochetista como un principio rector. En segundo lugar, es clave que la constituyente reafirme el papel del Estado en la economía chilena. Y, en tercer lugar, es clave que la nueva carta política incluya un catálogo de derechos más amplio y generoso.

Borrar el legado de Pinochet

Con relación al primer principio, cuando uno revisa la historia de la Constitución chilena es claro que, en el mundo de las constituciones, ésta no es una carta política vieja. La Constitución norteamericana no ha cambiado desde su promulgación en 1776 y la constituyente que ahora nos compete planea reformar un documento que tiene 40 años. ¿Cuál es el problema?

“El problema es la legitimidad que tiene y los recuerdos que evoca. Han pasado 30 años desde que se acabó la era Pinochet pero que sin lugar a dudas no han sanado las heridas de la dictadura. Para ninguno. Esta es una constitución de corte neoliberal, poco concluyente de las diferencias étnicas, raciales, políticas y económicas que hay en el país, pero sobre todo es la herencia de Pinochet y eso es muy difícil de manejar hoy en día en el país”, le dijo a EL NUEVO SIGLO la coordinadora de la Maestría en Asuntos Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, María Teresa Aya.

Por su parte, de acuerdo con el internacionalista experto en América Latina de la Universidad del Rosario, Mauricio Jaramillo, la transición a la democracia en Chile fue vista siempre en América Latina como un paradigma admirable, pero eso no necesariamente correspondió con la realidad pues, “si bien es cierto que entre 1988 y 1989 hubo una transición para deshacerse de la herencia de Pinochet, esa transición quedó incompleta”.

Por hacer mención de algunos ejemplos, en la transición chilena se mantuvieron aspectos como que por ejemplo los expresidentes, una vez salieran del cargo, serían senadores vitalicios. Esta Constitución también consideraba como terrorismo las ideologías basadas en la lucha de clases, y dejó establecido un Consejo de seguridad en manos de los militares que, en ciertas coyunturas, le podía imponer decisiones al presidente.

“Todos esos bemoles no se hicieron tan evidentes en la euforia de derrotar a Pinochet. A él lo derrotaron a través de una consulta popular en la que nadie esperaba el triunfo de quienes estaban en su contra y cuando ganaron muchas de esas demandas quedaron eclipsadas por esa euforia”, dijo el internacionalista Jaramillo, quien explicó que precisamente por eso la primera gran misión de esta constituyente deberá ser la de borrar, de manera definitiva, el legado pinochetista”.

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Economía, política y derechos

Adicionalmente, esta constituyente deberá dirigir sus esfuerzos a otras dos metas: darle al Estado un nuevo rol en la economía, en la medida en la que uno de los principales defectos de la Constitución de 1980 declaró a Chile como una economía de mercado y el rol del Estado para “corregir” imperfecciones en ese mercado es muy limitado.

“Esta, en ese sentido, es una Constitución muy alejada de la tradición constitucional que ha imperado en el mundo y en América Latina de manera clara: en Colombia en 1991; en Ecuador en el 2008; en Bolivia en el 2009 y las reformas a la constitución argentina del último tiempo. Todas han hecho reformas que piensan en igualdad económica, en un rol activo del Estado en el mercado y en un estado social de derecho y eso Chile no lo tiene porque tiene una constitución que parte de la base de que la intervención del Estado en la economía es nociva”, expresó Jaramillo.

A este respecto, la internacionalista Aya indicó que es altamente probable que surja algo más de descentralización y un modelo mucho más cercano a un estado de bienestar. “Chile está dando los primeros pasitos hacia un proceso interesante de descentralización. En una segunda medida, si nosotros estábamos hablando de un Estado neoliberal es posible que ahora nosotros estemos hablando de un estado de bienestar estilo europeo, lo cual puede ser muy llamativo para la región”, añadió la internacionalista.

En tercer lugar, es clara la expectativa ciudadana para que la nueva Carta contemple un catálogo de derechos más amplio, que incluya los ligados al medio ambiente, derechos de grupo y garantías para algunas minorías.

Y, por último, “en el ámbito político creo que va a salir un país que de todas maneras se va a mover entre la centro izquierda y la centro derecha, y esperemos que después del proceso constituyente el país deje atrás la polarización izquierda derecha que hay esperado y que se mueva más hacia el centro del espectro político”, añadió la internacionalista del Externado.

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Una asamblea progresista

Por último, hay que reconocer, con una buena dosis de ironía, que ningún gobierno con posterioridad a 1989-1990 fue capaz de hacerle a la Constitución una reforma de hondo calado.

Esta carta se maquilló y por ejemplo el Consejo de militares siguió existiendo, pero sus decisiones dejaron de ser de carácter vinculante; el párrafo que prohibía las ideologías ligadas al marxismo fue también borrado de la constitución entonces, se le fueron poniendo parches, pero no se modificó del todo.

En este contexto, hay que tener presente que la reelección de Bachelet se materializó con la idea de redactar una Constitución, pero la mandataria no pudo hacerlo. “No tuvo consenso en el senado. Por eso una gran paradoja de la sociedad chilena es que esto finalmente ocurriera y se materializara en medio de un gobierno conservador. Y lo digo porque esta es una reivindicación bastante progresista que se va a dar en el único gobierno conservador y de derecha que ha tenido Chile desde la caída de Pinochet”, añadió Jaramillo.

Esto venía gestándose desde mucho atrás, pero ¿por qué hasta ahora? De acuerdo con la internacionalista Aya, plantear una constituyente fue una excelente solución al estallido social de octubre del 2019, pese a que este tema venia décadas pensándose.

“Esta fue una buena solución al estallido social porque conllevaba la promesa de una nueva Constitución con equidad de género y con 15 escaños de representación para los indígenas. Cuando yo les decía que Colombia en su Constitución generó escaños de representación para los indígenas no me creían. Eso para muchos en Chile es muy complicado de aceptar, pero también eso es lo que los chilenos esperan que se traduzca”, finalizó diciendo.