Su primera cuenta pública y el anuncio de medidas de urgencia para combatir la corrupción, flagelo que según expertos “atraviesa” a todo el Estado, entregará el sábado al Congreso el presidente del Perú, Martín Vizcarra.
En su mensaje en el día de la Independencia, Vizcarra divulgará un plan de reforma judicial de 10 puntos, preparado apresuradamente por una comisión de siete juristas tras un escándalo por la difusión de audios de jueces que vendían sentencias o negociaban favores.
"Ya tenemos planteamientos claros en la lucha contra la corrupción", adelantó Vizcarra, quien asumió el poder hace cuatro meses en medio de una crisis política que condujo a la renuncia de su antecesor Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), agobiado por denuncias de corrupción.
"(Vamos) a reformular el sistema de administración de justicia que ha generado la desconfianza de todos los peruanos", agregó Vizcarra, sin revelar detalles del plan elaborado por la comisión encabezada por el excanciller Allan Wagner.
Sin embargo, hay dudas de que el mandatario pueda llevar a buen puerto su ambiciosa reforma, pues carece de base de apoyo en el Congreso, dominado por el partido opositor de Keiko Fujimori, que mantuvo contra las cuerdas a Kuczynski durante sus 20 meses de gobierno.
"Lo veo con dificultad (...), ojalá que haya un cambio de actitud porque necesitamos al Congreso para hacer las reformas", dijo la vicepresidenta peruana Mercedes Aráoz el jueves.
"Sistema operativo de corrupción"
El poder judicial está sumido en el escándalo por los audios de venta de sentencias y tráfico de influencias, divulgados a partir del 8 de julio por la prensa, que causó la renuncia del jefe de la Corte Suprema, Duberlí Rodríguez, hace una semana.
También le costó el puesto a Orlando Velásquez, el flamante jefe del Consejo de la Magistratura, órgano que designa a jueces y fiscales, así como al ministro de Justicia, Salvador Heresi, quien debía impulsar la reforma judicial de Vizcarra.
Los dardos ahora apuntan al fiscal general, Pedro Gonzalo Chávarry, al divulgarse una comprometedora conversación con un cuestionado juez, pero ha rechazado dar un paso al costado.
Este escándalo es un "déjà vu" de la historia peruana reciente, pues la difusión de audios o videos provocaron la caída del presidente Alberto Fujimori en el año 2000, la renuncia de Kuczynski en marzo último y la suspensión el mes pasado del popular legislador Kenji Fujimori.
La crisis de confianza no se limita al ámbito judicial, sino que alcanza toda la estructura del Estado peruano, según expertos y legisladores.
"Yo creo que esto es mucho más que una crisis judicial. Lo que estamos viviendo en este momento es más bien la existencia de un sistema operativo de corrupción que atraviesa el Estado", dijo a la AFP el abogado José Ugaz, expresidente de Transparencia Internacional.
"Para enfrentar esta situación creo que no debemos focalizarnos solamente en el tema de la justicia y los jueces, sino en las reformas profundas que requiere el Estado peruano", agregó.
Para el analista político Luis Benavente "los audios son la evidencia, a la vista de todos (...) de la corrupción que abarca todo el sistema político, todo el sistema institucional".
Pero, además, Yonhy Lescano, legislador opositor, propuso cerrar el Congreso y convocar nuevas elecciones, como "solución para (la) grave crisis en el Perú".