ESTE miércoles el Tribunal Supremo de Brasil decidirá si el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a doce años de cárcel por corrupción, será detenido o permanecerá en libertad hasta que su caso sea juzgado por las instancias superiores.

Muchos brasileños se preguntan quién podría recoger el potencial electoral que tiene Lula en Brasil en caso de que el exmandatario sea detenido. Para algunos, esta persona se llama Manuela D'Ávila, la precandidata presidencial del Partido Comunista de Brasil (PCdoB, por sus siglas en portugués). A sus 36 años ha sido diputada federal por Río Grande del Sur (2007- 2015), líder de su partido en la Cámara de los Diputados (2013) y en los últimos días, una de las figuras más cercanas a la campaña de Lula.

El pasado 29 de marzo, en el cierre de la controversial caravana de Lula por tres estados sureños, D´Ávila aseguró que "yo, como candidata por el Partido Comunista de Brasil, he dicho que defender el derecho de Lula a ser candidato no es tarea sólo para petistas, sino para todos que defienden la democracia en Brasil".

La afinidad entre los dos políticos no ha sido un secreto. Ambos han hecho declaraciones públicas de su mutuo aprecio. “La lucha de Lula también vencerá, tarde o temprano, con él libre o encarcelado”, afirmó Manuela D'Ávila en una columna publicada el 12 de marzo en la revista Forum.

Lula, por su lado, afirmó en el Foro Social Mundial que “es un gusto hacer campaña a tu lado. La política necesita gente joven como tú y espero que sigas. Y si necesitas que yo lleve a tu hija en brazos, lo haré”, refiriéndose a Laura, la hija de dos años de D'Ávila.

Estos acercamientos entre ambos candidatos han hecho a muchos brasileros interpretar una posible alianza en caso de que Lula sea encarcelado.

El apoyo de Lula tiene un gran peso electoral. No hay que olvidar que Lula logró posicionar a Dilma Rousseff con el 46,8% de los votos en 2010. Pero lo más sorprendente es que, a pesar de estar condenado por corrupción, el exmandatario parece retener un considerable respaldo popular. 

Una encuesta de DataFolha, hecha en enero de este año, registró un 37% de favorabilidad para Lula da Silva. Si Lula elige un heredero político, éste se podría beneficiar significativamente de ese potencial electoral.

El proceso de Lula 

Hoy los once magistrados del Tribunal Supremo Federal (STF) analizarán el "habeas corpus" presentado por los abogados de Lula para que el expresidente pueda cumplir la pena en libertad hasta que los recursos sean juzgados por instancias superiores.

Los cientos de ciudadanos se han manifestado tanto a favor como en contra del mandatario. Expertos jurídicos prevén una votación muy reñida.  Lula y sus allegados nunca han dejado de defender la inocencia del exmandatario y atribuir la condena a una “persecución política y judicial”.

El STF está compuesto por once jueces que están divididos, casi por partes iguales, entre defensores de Lula e impulsadores de la Operación Lava Jato, la cual tiene cerca de la cárcel al expresidente y ha enviado a prisión a empresarios y políticos. Ésta ha sido liderada por el juez Sergio Moro, que, desde Curitiba, ha sentenciado a numerosas personas, convirtiéndose en uno de los personajes más respetados de Brasil.

Polarización

En medio de movilizaciones y un temor a una escalada de violencia, tras el tiroteo del que fue víctima la caravana de Lula la semana pasada en el sur de Brasil, la jueza Cármen Lúcia, presidenta del Tribunal Supremo, pidió calma, una situación poco vista en el país desde tiempos de la pos dictadura.

“Vivimos tiempos de intolerancia y de intransigencia contra personas e instituciones. Por eso, éste es un tiempo en el que hay que pedir serenidad, para que las diferencias ideológicas no sean fuente de desorden social”, escribió en un comunicado. “Los problemas se resuelven garantizando el cumplimiento de la Constitución, papel fundamental conferido al Poder Judicial, que lo viene cumpliendo con rigor”.

La jueza Lúcia hace parte del grupo de magistrados que defiende la jurisprudencia sobre la posibilidad de encarcelar a personas condenadas en segunda instancia, como Lula, cuya defensa ha interpuesto varios recursos, entre ellos el habeas corpus que se definirá hoy.

Miles de personas se movilizaron ayer a favor y en contra del posible envío a prisión del hombre más popular de las últimas décadas en Brasil, puntero en los sondeos presidenciales.

Los colectivos “Vem Pra Rua” (Sal a la Calle) y “Movimiento Brasil Livre” (de ultraderecha), partidarios de que Lula sea encarcelado, han protestado a lo largo de la semana para “presionar al STF”. Estos grupos fueron los encargados de presionar desde la calle la salida de Dilma Rousseff, destituida por el Congreso de Brasil tras enfrentar un proceso por maquillaje de cuentas públicas, en 2016.

Los detractores del expresidente no son los únicos que protestan. El mayor defensor de Lula, la Central Única de Trabajadores, de la cual fue presidente durante su etapa como sindicalista, también ha convocado a numerosas manifestaciones en el gigante sudamericano para defender al expresidente, acusado injustamente, según ellos.

La polarización en Brasil, pase lo que pase, aumentará. Si Lula es condenado, sus seguidores dirán que ha sido un golpe de la derecha contra el proyecto socialista. Los opositores a éste, si no es enviado a prisión, dirán que Lula se cree “por encima de la Ley”, pese a haber sido condenado previamente a doce años de cárcel en primera instancia.

Si Lula no es enviado a prisión, se abre un boquete judicial de cara a las elecciones presidenciales de octubre. Surtido el proceso penal, el expresidente ahora tendría que enfrentar otra causa ante las autoridades electorales, por vicios en su candidatura como aspirante del Partido de los Trabajadores. En caso de que sea efectivo, el expresidente quedaría inhabilitado para seguir la campaña. Ese sería el momento de Manuela D'Ávila, la que suena como su sucesora.