La Suprema Corte de México rechazó invalidar la elección de jueces por voto popular, tras desestimar un proyecto que buscaba anular parcialmente una polémica reforma judicial impulsada por el oficialismo de izquierda.
"Se desestiman las presentes acciones de inconstitucionalidad", señala la resolución anunciada por el máximo tribunal tras más de cinco horas de debate, con lo cual queda en pie la enmienda con la que el gobierno busca combatir la corrupción, pero que según sus críticos socava la independencia de poderes y dejará a los jueces a merced de criminales.
El proyecto de sentencia planteaba mantener la elección popular de los miembros del Supremo, pero no así la de jueces de tribunales inferiores.
Para ser aprobada se requería una mayoría calificada de ocho de los once ministros, pero en las consideraciones iniciales de la discusión cuatro de ellos adelantaron que votarían en contra.
"Es estéril el estudio de fondo", dijo Juan Luis González Alcántara, autor del proyecto elaborado luego de que dos partidos opositores impugnaran la reforma constitucional aprobada por el Congreso de mayoría oficialista.
Al voto de tres magistradas consideradas afines al oficialismo se sumó sorpresivamente el ministro Alberto Pérez Dayán, quien pese a criticar duramente la reforma rechazó declararla inconstitucional.
"Sería responder a una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo (Constitución), con otra insensatez equivalente", justificó.
Con el fallo de la Suprema se pone fin al choque de poderes que amenaza con desatar una crisis institucional pues la presidenta mexicana, la izquierdista Claudia Sheinbaum, advirtió que las votaciones previstas para 2025 y 2027 no tienen marcha atrás.
El gobierno de Sheinbaum, que asumió el 1 de octubre, acusa al poder judicial de servir a la élite conservadora, mientras la oposición asegura que la reforma fulminará la separación de poderes.
Estados Unidos y Canadá, socios de México en el acuerdo comercial T-MEC, advierten por su parte que la elección socavará la independencia de los jueces y los dejarán a merced de narcotraficantes.
Durante el debate, los ministros se declararon competentes para analizar el fondo de la reforma. Sheinbaum anticipó que carecen de facultades para anular lo aprobado por el Congreso, de amplia mayoría oficialista.
"Quien está violando la Constitución es la Corte", afirmó Sheinbaum ayer en su habitual rueda de prensa matutina.
Decenas de funcionarios judiciales se concentraron frente a la sede de la Corte, en el centro capitalino, para respaldar el proyecto del ministro Juan Luis González que buscaba modificar la reforma.
"La reforma debe caer (...) porque México se va a hundir más en el narcotráfico, en la pobreza, en la corrupción de jueces de puestos por Morena (partido de gobierno)", dijo a la AFP María Ortiz, de 54 años , secretaría del tribunal.
El texto proponía dejar en pie la elección popular de los miembros del Supremo, pero no así los jueces de tribunales inferiores, ya que, afirma, la carrera judicial garantiza la independencia de las cortes.
"No existe un régimen democrático sin que haya una división de poderes efectiva", advierte la propuesta, que preserva la elección del máximo tribunal como un acto de "autocontención" para resolver la disputa.
Pero Sheinbaum advierte que "no se puede negociar lo que ha decidido el pueblo y (...) lo que ya es parte de la Constitución".