Al cumplirse un año del desminado humanitario, la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, destacó este proceso en una gira internacional y señaló que “quiero destacar el papel central que ha tenido la aplicación de la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonales en la construcción de confianza entre el Gobierno de Colombia y las Farc como parte de los diálogos de paz que tienen lugar en La Habana”.

Durante la Reunión Internacional de Directores de Programas Nacionales de Acción contra Minas y Asesores de Naciones Unidas, se puso de presente que Colombia es consciente y honra su compromiso, emanado de la Convención de Ottawa, de desminar el país para el año 2021. El general Colón Torres, encargado del programa de desminado en Colombia, presentó la estrategia de intervención de Daicma para hacer posible el cumplimiento del mismo.

Durante su intervención, el Director de Daicma resaltó los avances del país en el estándar de liberación de tierras y los estándares de acreditación ya adoptados. Así mismo informó que se trabaja en la definición de los estándares de Asignación de Tareas y Estudios no Técnicos, Monitoreo, Detección Canina, Destrucción de Explosivos, Señalización y Marcación, Medio Ambiente e Investigación de Incidentes y Accidentes.

El Desminado Humanitario hace parte de la Acción Contra Minas y tiene como objetivo retirar las minas, las municiones que no han explotado y los residuos de guerra abandonados durante el conflicto; por eso debe promover las mejores prácticas y nuevas estrategias, que permitan mayor celeridad a los procesos que hasta ahora se han llevado a cabo en Colombia.

Durante la confrontación, la variable de seguridad es la que ha definido el dónde y cuándo intervenir los territorios. Ahora, ante la real posibilidad de llegar a la finalización de un conflicto armado con las Farc, se abren espacios que requieren mayor presencia institucional, sobre los territorios donde históricamente han permanecido.

El Desminado Humanitario requiere espacios de interlocución con las comunidades y las organizaciones sociales presentes en las áreas de influencia, donde se planifican las operaciones de Desminado. Existen realidades que es necesario entender, antes de que lleguen los equipos que explorarán cómo resolver el problema en cada zona contaminada.

En el balance entregado el Gobierno nacional  se señala que el concepto de seguridad, que calificaba dónde y cuándo hacer la intervención del Desminado Humanitario hace la transición, en un escenario de posconflicto, hacia nuevos contenidos que permiten nuevas prácticas democráticas bajo el liderazgo de alcaldes y gobernadores, quienes adquieren responsabilidades para una nueva forma de aproximación y construcción de la Paz Territorial, una construcción conjunta de todos: el Gobierno, las instituciones estatales, las organizaciones sociales, las comunidades en los territorios, el sector privado, las iglesias, la academia y en general todos los ciudadanos.

Se expresó también que unas de las bondades del desminado humanitario es que promueven el diálogo regional, la concertación entre las comunidades rurales, líderes comunitarios y organizaciones civiles con las autoridades locales y nacionales; y su mayor propósito es impulsar el buen uso de la tierra que fue contaminada por las minas. 

Se recordó que se entregó a la comunidad y a sus autoridades el municipio de San Vicente de Chucurí como libre de sospecha de minas antipersonal.  Es el caso del municipio de San Vicente de Chucurí, departamento de Santander, donde desde el año 2012 y hasta el 2015, el batallón Bides de las Fuerzas Armadas realizó operaciones de desminado humanitario en sus 37 veredas.

El total del área despejada en ese municipio es de 136.336 m2, se encontraron 54 áreas peligrosas en 11 veredas, se realizaron estudios no técnicos – ENT en 16 de ellas y se efectuaron  estudios técnicos – ET y despeje en 11 veredas municipales.