Después de tres décadas, las investigaciones de esclarecimiento de los hechos avanzan a paso lento.
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Colombia aún recuerda las fatídicas 28 horas del 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando ocurrió la toma del Palacio de Justicia por un grupo de 35 guerrilleros del M-19 y la posterior retoma por parte de las fuerzas estatales. Este grupo insurgente pretendía hacerle un juicio al presidente de la época, Belisario Betancur, argumentando supuestos incumplimientos del gobierno a los acuerdos de paz que adelantaban las partes.
Al menos 350 personas entre trabajadores judiciales y empleados, así como visitantes, fueron tomadas como rehenes. Tras la acción militar murieron 99 personas, de las cuales 11 eran magistrados; otras 11, empleados de la cafetería, fueron consideradas como desaparecidas.
Tres décadas después, continúan los interrogantes y la impunidad, mientras los familiares de las víctimas siguen sin conocer la verdad.
Aunque esta situación cambió en parte hace dos días para la familia de Bernardo Beltrán, uno de los empleados de la cafetería del Palacio, inició para otra, la del magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Alberto Echeverri, quien también murió en los hechos.
El sábado, la Fiscalía colombiana y el Instituto de Medicina Legal entregaron los restos plenamente identificados de Beltrán a su familia, luego de que en septiembre pasado se confirmara que estaban en Manizales en la tumba del magistrado. Las autoridades atribuyen este episodio a un error en la identificación y entrega de los restos.
Al respecto, el fiscal Jorge Hernán Díaz Soto, delegado ante la Corte Suprema de Justicia y encargado de la investigación de los desaparecidos, aseguró: “si bien su hallazgo pone fin al desespero y al dolor causados por su desaparición, hoy una nueva familia afronta la pena de no saber el paradero de su padre, esposo y hermano”.
Durante el acto de entrega, Sandra Beltrán, hermana de Bernardo, recalcó que no sintió alivio cuando le dijeron que los restos de su hermano habían aparecido en la tumba del magistrado. A pesar de que para ella y su familia es importante saber esa parte de los hechos, afirmó que no tiene nada que agradecerle a la Fiscalía ni al Estado, “quienes han actuado con negligencia y complicidad durante décadas”.
Eduardo Carreño Wilches, abogado de las víctimas del Palacio e integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), una organización civil que investiga lo ocurrido en el Palacio, asegura tajantemente que el gobierno sabía de la acción guerrillera:
“Se tiene el conocimiento previo de la toma del Palacio por el M-19 y se prepara todo un operativo para facilitar el ingreso (…), las pruebas que hay indican que todo estaba preordenado, y los informes de inteligencia del Estado que se descubren 31 años después indican eso”, aseguró.
Carreño señala que la muerte de los magistrados y las desapariciones y posterior muerte de los empleados de la cafetería sería responsabilidad del Estado: “Ninguna de las balas que asesinó a los magistrados de la Corte eran del M19”.
Y agrega: “por inteligencia consideraban que los de la cafetería eran apoyos del M-19 porque esa guerrilla se iba a quedar por no se sabe cuánto tiempo en el Palacio”.
Las investigaciones tampoco avanzan al ritmo que las familias de las víctimas quisieran. De los 11 desaparecidos, han sido encontrados e identificados apenas cinco. Además, hasta agosto de este año en el banco de datos que han recogido los investigadores de Medicina Legal, hay 115 perfiles genéticos (un patrón de fragmentos cortos de ADN) de familiares de 45 víctimas, pero faltan de familiares de otras 54.
Entre tanto, pasados 32 años, solo se han proferido dos condenas contra agentes estatales, pero no están en firme, pues han sido apeladas.
“Los generales llevan cinco años vinculados al proceso, están indagados y llevan cuatro años esperando resolverles la situación jurídica, cuando tienen 15 días para resolverla, la demora es ostensible”, dijo Carreño.
Por otra parte, el fiscal Díaz Soto aseguró que aún no es posible definir las responsabilidades penales de los autores del holocausto, porque “mientras no se cuente con la plena identificación de las 99 personas que fallecieron, es muy difícil para la administración de justicia definir responsabilidades penales”.
Tanto Beltrán como Carreño rechazaron esta declaración: “con la postura de la Fiscalía lo único que se busca es garantizar la impunidad. Hay un pacto de silencio total desde todos los niveles del Estado, desde el soldado hasta el propio presidente de la República.”
En enero de 1997, el Consejo de Estado condenó al Estado a pagar 25 millones de pesos al grupo familiar de la guerrillera Irma Franco por su desaparición.
El Estado recibió otra condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en diciembre de 2014. La Corte encontró responsable a la Nación por los hechos de 1985 y condenó al país a pagar una millonaria indemnización a las víctimas.
Este lunes los familiares de los desaparecidos conmemoran la toma al Palacio de Justicia con una misa y un encuentro en la emblemática Plaza de Bolívar.
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