La Defensoría del Pueblo publicó su informe anual sobre los riesgos que enfrentan los periodistas en Colombia, revelando que el 44,4% de los comunicadores encuestados han sido víctimas de vulneraciones en el ejercicio de su labor. La mayoría de estos ataques provienen de grupos armados ilegales, y la falta de denuncias se debe a la escasez de garantías y seguridad. Este informe está basado en una encuesta a 373 periodistas.
Según lo presentado, los grupos armados ilegales lideran la lista de agresores, responsables del 47,7% de las vulneraciones reportadas. A estos se suman ataques de delincuencia común y organizaciones criminales, que amplían el espectro de peligro para quienes ejercen el periodismo. La Defensoría destaca que los líderes políticos también contribuyen a esta problemática, siendo responsables del 21,2% de los ataques.
La naturaleza de las vulneraciones es variada, incluyendo intimidaciones verbales (37,6%), amenazas a través de redes sociales (20,8%) y llamadas telefónicas (20,8%). Además, se reporta un preocupante aumento en las amenazas a la libertad de expresión y a la integridad física y psicológica de los periodistas.
Uno de los hallazgos más inquietantes es la baja tasa de denuncias. El informe revela que el 43% de los periodistas afectados no reporta estos incidentes debido a la falta de garantías y seguridad. El vocero de la Defensoría explicó que el temor a represalias y la desconfianza en el sistema de justicia son factores clave que inhiben a los periodistas de hacer denuncias. "La mayoría de los afectados no materializa sus denuncias por falta de garantías y seguridad", dijo.
La situación se agrava en zonas como Bogotá, Arauca, Norte de Santander, Tolima, Atlántico y Nariño, donde la presencia de grupos armados ilegales es más pronunciada. En estos lugares, la vulnerabilidad de los periodistas es aún más alta, y la percepción de inseguridad se ve reflejada en la alta tasa de no denuncia.
En respuesta a estos desafíos, la Defensoría del Pueblo insta a una colaboración más efectiva entre las instituciones de seguridad y justicia para crear un entorno más seguro para los periodistas. "Es fundamental establecer una colaboración coordinada entre la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, la Unidad Nacional de Protección y otras entidades pertinentes. El objetivo es implementar estrategias articuladas que no solo prevengan las vulneraciones a los derechos de los periodistas, sino que también restauren su confianza en las instituciones", concluyó el informe.
El panorama descrito por la Defensoría pone en evidencia la necesidad urgente de reforzar las medidas de protección para los periodistas y garantizar que puedan ejercer su labor sin temor a represalias o agresiones. La protección de la libertad de prensa es crucial para el funcionamiento democrático y el respeto a los derechos humanos en Colombia.