La Defensoría del Pueblo, a través de su titular Iris Marín Ortíz, hizó un llamado urgente a las autoridades locales y nacionales para que implementen medidas efectivas que salvaguarden los derechos humanos de las comunidades afectadas por el persistente conflicto armado en Arauca.
La confrontación entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC ha propiciado un alarmante aumento de homicidios, desplazamientos y violaciones sistemáticas de derechos, poniendo en riesgo a la población civil, incluidos líderes sociales y miembros de comunidades educativas.
En lo que va del año, la Defensoría ha documentado el asesinato de 143 personas, entre las que se incluyen 18 líderes sociales, un hecho que evidencia un contexto de violencia inaceptable según la defensora. El más reciente de estos asesinatos ocurrió el 1 de noviembre, cuando fue asesinado Albeiro Caicedo, un reconocido líder social y defensor de derechos humanos en Tame.
La situación se agrava particularmente en 14 veredas y 3 resguardos indígenas en Tame, así como en 21 veredas y 3 resguardos en Arauquita y Puerto Rondón. En estas áreas, las comunidades se ven obligadas a abandonar sus tierras y proyectos productivos, lo que repercute severamente en su sustento y calidad de vida.
La Defensora del Pueblo hizo un llamado a los grupos armados para que cesen de inmediato sus acciones violentas y respeten los principios del derecho internacional humanitario. "Las comunidades, especialmente niñas, niños, adolescentes y mujeres, no deben quedar atrapados en medio de esta confrontación. Es imperativo que se desescale la violencia y se promueva un entorno de respeto y protección", declaró Ortíz.
Además, instó a las autoridades locales, departamentales y nacionales a tomar acciones inmediatas para prevenir y atender la situación de la población civil. "La institucionalidad debe garantizar seguridad y justicia para los habitantes de Arauca, reconociendo las graves violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo", subrayó.
Desplazamientos y Confinamientos
El panorama de desplazamiento en Arauca es alarmante. En lo que va del 2024, la Defensoría ha registrado al menos 132 familias (aproximadamente 412 personas) desplazadas, aunque se reconoce que existe un subregistro significativo de familias que han huido sin declarar su situación por temor. Además, 38 comunidades campesinas e indígenas han sufrido confinamientos, afectando a 2044 familias (unas 6.141 personas).
Recientemente, al menos 50 personas (19 familias) se vieron forzadas a desplazarse de la vereda Agua Blanca, en Tame, hacia el municipio de Sácama, en Casanare, tras intensos combates entre grupos insurgentes que resultaron en un elevado número de bajas y la toma de rehenes.
La Defensoría del Pueblo reafirmó su compromiso de seguimiento a las recomendaciones planteadas en las alertas tempranas y exigió una respuesta contundente y coordinada de las entidades estatales para mitigar el conflicto y proteger a las comunidades. "La paz en Arauca no puede esperar. Es tiempo de actuar", concluyó Ortíz.