El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha decidido admitir una demanda que cuestiona la legalidad del convenio firmado entre la Cancillería y la Imprenta Nacional, el cual permite a esta última asumir la expedición de pasaportes para los colombianos a partir de septiembre de 2025.
Esta acción legal fue presentada por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe Colombia), que alega irregularidades en el proceso de contratación que podrían comprometer la calidad del servicio público relacionado con la expedición de documentos esenciales como cédulas y pasaportes.
La demanda destaca que en la estructuración y ejecución de los procesos de contratación se han presentado fallas significativas. Según los demandantes, estas presuntas anomalías no solo ponen en riesgo la efectividad del servicio, sino que también infringen principios básicos de transparencia y competencia en la administración pública. En particular, se señala que se ha eludido el deber de licitar la prestación de estos servicios, optando en su lugar por un proceso de contratación directa que carece de la debida justificación.
Además, la demanda aborda inconsistencias relacionadas con las libretas de pasaporte, planteando dudas sobre el estado de las licitaciones públicas 001 y 003 de 2023, así como el uso del convenio CV-006 de 2024 entre el Fondo Rotatorio y la Imprenta Nacional para adjudicar la expedición de pasaportes.
Este contexto de incertidumbre se agrava por cuestionamientos sobre la capacidad de la Imprenta Nacional para llevar a cabo esta tarea, especialmente considerando que se ha informado de su alianza con la empresa privada Accesos Holográficos Sucursal Colombia, cuya legitimidad y experiencia en el sector también están bajo la lupa.
La Fundación para el Estado de Derecho no busca la nulidad del convenio, sino también garantizar que se respeten los derechos de los ciudadanos a recibir un servicio público eficiente y transparente a través de medidas para evitar que las decisiones y conductas referidas continúen de forma improvisada.