El decomiso de unos 130.000 metros cúbicos de madera ilegal en los últimos 18 meses, aumentó la preocupación de las autoridades colombianas, por el daño causado a los bosques y porque estás acciones están dando al traste con los esfuerzos para reducir la deforestación.

 En ese mismo lapso de tiempo 3.453 personas fueron capturadas por delitos relacionados con el medio ambiente y en especial por la deforestación de la Amazonía, bosques primarios y Parques Nacionales Naturales.

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, el 47% de la madera que se explota, transporta y comercializa en el país es ilegal.

El director de Seguridad Ciudadana de la Policía, general Jorge Luis Vargas, le dijo a EL NUEVO SIGLO que de acuerdo con información oficial, a lo largo de 29 años se han deforestado ilegalmente en el país 6,9 millones de hectáreas  de bosques primarios y que en el 2019 se presentó un descenso en esas acciones criminales de un 19% en comparación con el 2018.

“Por primera vez, en muchos años se registró el descenso de 38.265 hectáreas de deforestación para la comercialización de madera ilegal en el mercado interno y en mercados de Estados Unidos, China, Brasil, Perú y algunos países de Europa”, indicó.

Explicó que aparte del decomiso de madera y las capturas, “fueron recuperadas 5.964 aves; 2.609 mamíferos; 17.309 reptiles; 251.816 incautaciones de flora y 126.295 hidrobiológicos”.

El oficial señaló que la deforestación ilegal afectó a 556 municipios, siendo los núcleos de deforestación: Las Sabanas de Yarí, Caquetá; Marginal de la Selva, Guaviare; Mapiripán y el sur del Meta; Putumayo; Catatumbo, Norte de Santander; la Región Andina Centro, entre Antioquia y Bolívar; el Pacífico Norte y Pacífico Centro, en el Chocó; el Sarare, Arauca; Cumaribo, Vichada; el Pacífico Sur, en Nariño y en seis áreas naturales protegidas: Tinigua, Sierra de la Macarena, Nudo de Paramillo, Serranía de Chiribiquete, La Paya y la Reserva Nukak.

Denunció que “la deforestación en muchos casos para obtener madera ilegal obedece a cultivos ilícitos, infraestructura ilegal, frontera agropecuaria ilegal, incendios forestales y minería ilícita de aluvión. También  se registran amenazas contra los guardaparques y funcionarios de Parques Nacionales Naturales”.

Acotó que “grupos residuales de las Farc, del Eln, ‘Los Pelusos’, del ‘Clan del Golfo’, ‘Los Caparros’ y otras redes criminales promueven la tala indiscriminada para aprovechar su venta ilegal e incentivar el cultivo de hoja de coca. También para el acaparamiento de tierras del Estado por terratenientes, campesinos y colonos”.

Precisó que en Colombia se encuentran 18 especies de flora afectadas: eucalipto, cedro, pino, ciprés, robles, sauces, alisos, moho, gupor, cedrillo, amarillo, frijolillo, zapán, caracolí, orquídeas, palma real y heliconias, en 20 departamentos.

Denunció  el general Vargas que desde “el Chocó se estarían extrayendo ilegalmente especies maderables en lanchas que las remolcan a través de los ríos San Juan, Nuquí, Baudó y Chicury que desembocan en el océano Pacífico, donde estarían siendo cargados por buques con destino a los Estados Unidos, China y algunos países de Europa”.

‘Ecomafias’

Así mismo, este Diario conoció que los servicios de inteligencia trabajan en la identificación y captura de los cabecillas de redes de contrabando de maderas, conocidas como ‘ecomafias’  que generan movimientos anuales por el orden de un millón de dólares.

Las agencias de seguridad revelan que la destrucción de la Amazonía, de bosques primarios y en especial de los Parques Nacionales Naturales, busca sustentar la demanda interna de madera, pues actualmente Colombia no tiene una industria forestal rentable y sostenible.

El comandante de la Fuerza Naval del Sur, general Sergio Alfredo Serrano Álvarez, explicó que “gracias a la Operación Artemisa y al trabajo articulado entre las Fuerzas Militares, la Policía y la Fiscalía, se viene enfrentando con vigor a las ‘ecomafias’, los grupos residuales y otras redes criminales que vienen  deforestando y arrancando del corazón de la selva, especies de árboles cuya tala está prohibida”.

Afirmó que “se trabaja no solo para enfrentar la deforestación ilegal, sino para proteger la biodiversidad”.

“La Fuerza Naval del Sur patrulla los ríos Putumayo, Caquetá, Amazonas, Caguán, Guaviare y Guayabero, entre otros afluentes, donde se registra el decomiso en los últimos 18 meses de 1.050 metros cúbicos de madera ilegal,  mientras trabajamos en la Operación San Roque en un esfuerzo para lograr la mitigación del Covid-19”.

También, “estamos desarrollando la Operación Pandora para cubrir las fronteras y evitar el paso de personas ilegales procedentes de Brasil, Ecuador, Perú y de otras naciones hacia el país en un esfuerzo para prevenir el contagio del Covid-19  y creemos que por la presencia de los elementos de combate y los buques de la Armada de Colombia, del Ejército y de la Policía, se redujo el tráfico ilegal de maderas por los ríos del Amazonas, Putumayo, Caquetá y Río Negro, entre otros”.

Señaló que “los grupos residuales talan la selva para ganar réditos con la madera ilegal y para la siembra de cultivos de hoja de coca. Es decir, ganan dinero por parte y parte”.

Reveló que “en el río Caquetá y sus afluentes  El Yarí, Caguán y Peneya, los bandidos están sacando la madera ilegal de sectores como el Araracuara, El Estrecho y Puerto Santander. Esta madera es enviada por el río Caquetá hasta Florencia y luego es desplazada hacia Bogotá, Cali y otras ciudades”.

Mientras tanto, indicó, en el río Putumayo, “los antisociales adelantan actividades de tala ilegal en Tarapacá, muy cerca con la frontera con Brasil; en Puerto Arica y en Caudencio”.

“La deforestación se presenta en estas apartadas regiones porque son ricas en especies como el Abarco, El Achapo, El Cedro y el Granadillo. Se trata de maderas muy finas y apetecidas para la elaboración de muebles y equipos de oficina. Esas maderas son transportadas inicialmente hacia  Puerto Asís, pero con destino a Cali, Bogotá y Medellín, entre otras ciudades”.

Acotó que “la madera talada en Colombia y en Perú es transportada por el río Amazonas hacia Brasil, al mismo Perú y de estos países hacia mercados internacionales y por supuesto al interior”.

El ‘blanqueo’

El general Serrano Álvarez explicó que “hemos detectado que los delincuentes utilizan un proceso llamado ‘blanqueo’  para lograr la comercialización de la madera talada ilegalmente”.

Expresó que “los traficantes obtienen un permiso oficial para talar y transportar 10 o más metros cúbicos de madera legal. Sin embargo, este permiso lo utilizan hasta en 10 o más oportunidades, logrando burlar a las autoridades. Además talan en lugares prohibidos y no en los que les otorga el permiso y aprovechan especies en protección”.

“La madera ilegal es transportada en pequeñas cantidades, en embarcaciones, por los ríos y en camiones por carreteras  secundarias y terciarias con el famoso permiso que han utilizado en reiteradas oportunidades. Y, en algunos casos pretenden sobornar a los uniformados”, señaló.

De otra parte, las autoridades señalan que “en los aserraderos y fábricas de muebles en Bogotá, Cali, Pereira y Neiva, entre otras ciudades, van a parar muchos de los cargamentos de madera ilegal y son adquiridos por sus propietarios sin conocer que se trata del producto de deforestación criminal y que hacen parte de las maniobras que están destruyendo las selvas y que muchas de esas especies requieren hasta de 500 años para recuperarse”.

Agregó el comandante de la Fuerza Naval del Sur, general Sergio Alfredo Serrano Álvarez, que “hay avances gracias al trabajo gubernamental, de las Fuerzas Armadas y de la Fiscalía porque de acuerdo con las cifras oficiales la deforestación ilegal en Colombia en el 2019  fue de 158.894 hectáreas, es decir, se redujo considerablemente frente al 2018 que fue de 197.159 hectáreas”.