En una audiencia celebrada este miércoles, Andrés Peñate, exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), quien estuvo al frente del DAS entre 2005 y 2007, rechazó los cargos de concierto para delinquir agravado que le fueron imputados por la Fiscalía General en el contexto del escándalo de las “chuzadas”, que involucra seguimientos ilegales a magistrados, políticos y periodistas.
Durante la audiencia de aproximadamente 40 minutos en la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, enfrentó la acusación relacionada con la creación de grupos especiales que llevaron a cabo interceptaciones ilegales y seguimientos a figuras de la oposición política. Al escuchar la imputación, Peñate se mantuvo firme en su posición de inocencia, desestimando los cargos presentados en su contra.
Según testimonios de exagentes del DAS, Peñate habría tenido conocimiento de estas actividades ilegales, que incluían la recolección de información sobre magistrados y políticos como Gustavo Petro y Piedad Córdoba. Estos exagentes, que han conseguido reducciones de pena tras pactos con la Fiscalía, describieron a Peñate como un continuador del legado de su predecesora, María del Pilar Hurtado.
La citación de Peñate fue marcada como “urgente”, reavivando el interés en un caso que ha permanecido en la opinión pública durante años. Entre las víctimas identificadas se encuentra el actual presidente Gustavo Petro, quien ha denunciado haber sido objeto de seguimientos ilegales, así como otras figuras de la Corte Suprema de Justicia, incluidos expresidentes del alto tribunal.
Las consecuencias del escándalo de las chuzadas han sido severas, resultando en condenas previas de figuras como Hurtado, quien fue sentenciada a 14 años de prisión. Sin embargo, muchos de los condenados han recuperado su libertad tras cumplir sus penas o porque los fallos no han sido ejecutoriados.
A pesar de los intentos de Peñate de defender su inocencia, el caso plantea serias interrogantes sobre la ética y la legalidad de las operaciones del DAS durante su mandato. En un país donde la confianza en las instituciones es fundamental, el legado de las chuzadas continúa siendo un recordatorio de la necesidad de una vigilancia constante sobre los mecanismos de seguridad y su uso en la política.
La Fiscalía, mientras tanto, sigue investigando este caso que ha revelado las sombras de un pasado oscuro en la historia de la inteligencia en Colombia, buscando esclarecer la magnitud de las violaciones a los derechos humanos y establecer las responsabilidades de quienes dirigieron el DAS en esos años turbulentos.