El reconocido líder social colombiano Phanor Guazaquillo Peña ha sido asesinado a tiros este domingo en Puerto Asís (sur) durante la ceremonia de entierro de Manuel Carlosama, otro líder que había perdido la vida durante un accidente de tráfico, que se suma a las tres masacres perpetradas durante el transcurso de la jornada, sumando un total de diez muertos.

"El líder se encontraba acompañando el entierro de otro líder, Manuel Carlosama, quien había perdido la vida en un accidente de tránsito, cuando un sicario le asesinó propinándole varios impactos con arma de fuego", reza un comunicado del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz en Colombia (Indepaz) publicado en su cuenta de la red social X, antes Twitter.

Peña había pertenecido al consejo de Puerto Asís y a la autoridad tradicional del pueblo indígena Nasa; aunque aún no se ha informado sobre la autoría del mismo, Indepaz ha señalado a varios grupos que actúan en la región como lo son el Frente Carolina Ramírez del Estado Mayor Central de las Farc, Comandos Bolivarianos de la Frontera o la Segunda Marquetalia.

El organismo ha asegurado que, con las matanzas de este domingo, ya son 90 el número de masacres perpetradas en el país en lo que va de 2023.

Además, ha denunciado que la imposición formas de control social por parte de estos grupos significan un "permanente" riesgo de violación de los derechos de la población local y que siempre suponen "el preludio" de un crimen.

En agosto, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos presentó un informe en el que mostraba su preocupación por la "expansión continua" de grupos armados no estatales en Colombia y sus "estrategias violentas" para controlar a la población civil y por el elevado número de homicidios contra defensores de Derechos Humanos, si bien reconocía la cifra había disminuido un 19 por cierto respecto al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, la Contraloría Delegada para el Sector Defensa y Seguridad colombiana alertó en octubre de que apenas un 10 por ciento de los líderes sociales que solicitan medidas de protección a la Unidad Nacional de Protección (UNP) finalmente reciben esa protección y en la mayoría de los casos se llevan a cabo con escasos medios.