Como parte de los insumos para dar un veredicto más preciso, aquí hay algunas cifras y datos.

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Este lunes, como cada 9 de abril desde 2011, se conmemora el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas.

En cumplimiento de la Ley 1448 de ese año, el Gobierno saca pecho para recordar que impulsó el trámite y la aprobación de la Ley de Víctimas y negoció el acuerdo de paz con las Farc, señalando que su centro son las víctimas.

Para atender las víctimas se creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (Sivjrnr) compuesto por diferentes mecanismos judiciales y extrajudiciales puestos en marcha de manera coordinada con el fin de lograr, según reza la información oficial, “la mayor satisfacción posible de los derechos de las personas afectadas por el conflicto armado, asegurar la rendición de cuentas por lo ocurrido, garantizar la seguridad jurídica de quienes participen en el Sistema Integral y contribuir a garantizar la convivencia, la reconciliación y la no repetición del conflicto para asegurar la transición del conflicto armado a la paz”.

¿Cómo ha respondido el Estado a estas exigencias? Como parte de los insumos para dar un veredicto más preciso, aquí hay algunas cifras y datos sobre la atención a las víctimas en cuatro aspectos clave.

Justicia

Uno de los puntos más polémicos del acuerdo con las Farc, pero también el más esperado por las víctimas, es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Una par de semanas antes de renunciar, en medio de los graves cuestionamientos al manejo de los recursos para el posconflicto provenientes de lo que en su momento se llamó la ‘mesa de donantes’ de la comunidad internacional, principalmente de gobiernos europeos, el secretario de la JEP, Néstor Raúl Correa, les presentó a los magistrados un balance de las funciones judiciales que asumió con carácter transitorio mientras entraba en funcionamiento el Tribunal Especial.

El informe indica que a 15 de marzo son 11.809 las víctimas identificadas por la JEP.

Correa relacionó que la JEP suscribió 6.094 actas de compromiso con guerrilleros desmovilizados de las Farc, de las cuales 3.666 terminaron en libertad condicionada, en los términos de la Ley 1820, y 2.428 produjeron la reincorporación política, social y económica.

A su vez, el número de personas de la Fuerza Pública que han suscrito actas son 1.792, otras seis se firmaron con involucrados en la protesta social y 24 se rubricaron con agentes del Estado distintos a los miembros de la Fuerza Pública.

Reparación

Con corte al 1 de marzo, la Unidad para las Víctimas reporta 8.650.169 personas incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV), de las cuales 8.307.777 son afectados por el conflicto armado.

Del total del RUV, 1.670.766 son catalogadas como “víctimas directas de desaparición forzada, homicidio, fallecidas y no activos para la atención”, es decir, que son personas que por distintas circunstancias no pueden acceder efectivamente a las medidas de atención y reparación.

El Estado debe procurar la mayor satisfacción posible de los derechos de las personas afectadas por el conflicto armado

En este grupo se incluyen las víctimas fallecidas a causa del hecho victimizante o que han sido reportadas como fallecidas en otras fuentes de información. También se incluyen las personas sin documento de identificación o con números de documento no válidos. Además se clasifican como no activas para la atención, las personas víctimas de desplazamiento forzado que no han solicitado ayuda humanitaria.

El grueso del RUV, 6.637.011 personas, corresponde a “sujetos de atención”, o sea que al no encontrarse en ninguno de los grupos detallados antes, pueden acceder a las medidas de atención y reparación establecidas en la Ley.

En el RUV también hay 342.392 incluidas en cumplimiento de la Sentencia C280 y el Auto 119 de 2013, de las cuales 267.530 son “sujetos de atención” y 74.862 son “víctimas directas de desaparición forzada, homicidio, fallecidas y no activos para la atención”.

En agosto, la Comisión de Seguimiento y Monitoreo le presentó al Congreso el ‘Cuarto informe sobre implementación de la Ley de Víctimas’. Allí se registró que “entre 2009 y el 30 de diciembre de 2016 se otorgaron 668.603 indemnizaciones a 630.279 víctimas del conflicto armado”.

La comisión advirtió “que es crítico que aún se encuentren en proceso de revisión 10.131 indemnizaciones por 99.621.765.557 pesos, otorgadas entre 2009 y 2012, que corresponden a 9.081 beneficiarios; de éstos, 8.006 no han recibido otra indemnización”.

Restitución

Con corte al 28 de febrero, la Unidad de Restitución de Tierras ha recibido 111.593 solicitudes de parte de 76.903 titulares (31.515 mujeres y 45.188 hombres) de 99.155 predios de los que alega despojo ejecutado por grupos armados.

De las solicitudes, 85.505 (el 76,6 %) fueron habilitadas por el Ministerio de Defensa y de esas, 58.291 se convirtieron en casos con trámite administrativo finalizado. A su vez, de ésta última cifra, 21.799 eran predios inscritos en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente; y de estos 14.951 pasaron a ser casos presentados ante los jueces competentes.

En cuanto a sentencias, con corte al 2 de marzo, se han producido 3.761 fallos que resolvieron 6.986 solicitudes en relación con 5.598 predios que corresponden a 290.842 hectáreas y beneficiaron a 36.642 personas.

Vocería política

Precisamente, para este lunes el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, del Partido Conservador, tiene previsto radicar el proyecto de reforma constitucional que les da representación política a las víctimas del conflicto.

Cepeda señaló que con este proyecto, los afectados por la violencia tendrán la posibilidad de ocupar dieciséis curules en la Cámara a partir de este mismo año y durante dos periodos consecutivos, el que arranca este 20 de julio (2018-2022) y el que se instala en 20 de julio de 2022 (2022-2026).

El proyecto especifica que las personas que aspiren a ocupar esas curules deben estar inscritas en el RUV, pero además contendrá un artículo para evitar que integrantes de las Farc o de otros partidos políticos tradicionales se cuelen en ese proceso electoral.