Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar y gestor de paz, compareció virtualmente ante el Tribunal Superior de Barranquilla desde un hospital por problemas de salud. Durante la audiencia ante el magistrado José Haxel De La Pava, ratificó bajo juramento sus declaraciones sobre el destino de los bienes del bloque ‘Catatumbo’ de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y señaló a empresarios de la Costa Atlántica como presuntos financiadores del paramilitarismo.
Según Mancuso, los bienes bajo control del bloque ‘Catatumbo’ fueron entregados al entonces comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, con el propósito de reparar a las víctimas del conflicto. Sin embargo, afirmó desconocer el destino final de dichos bienes y denunció que muchos de ellos han desaparecido de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), lo que ha impedido su uso en procesos de reparación.
El exjefe paramilitar también reiteró las acusaciones contra los empresarios Rafael Antonio Matera Lajud y el fallecido Alfonso Macías Vargas, a quienes vinculó con el financiamiento de las AUC. Asimismo, aseguró que la finca Potosí, propiedad de la familia Macías Vargas, fue utilizada como centro de operaciones paramilitares en la región caribeña.
En paralelo, Mancuso denunció públicamente la decisión de la Unidad Nacional de Protección (UNP) de retirar su esquema de seguridad, medida que atribuyó a su colaboración en la localización de bienes entregados a Justicia y Paz. A través de un video publicado en redes sociales, alertó que esta decisión pone en grave riesgo su vida, la de su familia y su equipo de trabajo. Según Mancuso, la falta de garantías de seguridad limita su capacidad para cumplir su rol como gestor de paz en varias zonas del país.
La UNP respondió indicando que Mancuso seguirá recibiendo protección, pero bajo la supervisión de la Oficina del Comisionado de Paz, con ajustes en las medidas. Sin embargo, el círculo cercano de Mancuso asegura que ni él ni su familia cuentan actualmente con garantías de seguridad, y denuncian que las exigencias de detalles sobre sus desplazamientos incrementan el riesgo de atentados.
La audiencia de Justicia y Paz también cobró relevancia en el contexto del reciente anuncio de la fiscal general Luz Adriana Camargo sobre la judicialización de los financiadores del paramilitarismo. Camargo informó que serán revisadas más de 700 compulsas de copias contenidas en los expedientes judiciales, con el objetivo de depurar responsabilidades y avanzar en los procesos contra quienes apoyaron económicamente a los grupos armados.
Mancuso enfatizó que el esclarecimiento del destino de los bienes entregados y la judicialización de los financiadores son fundamentales para la reparación de las víctimas y la verdad histórica del conflicto armado en Colombia. No obstante, sus denuncias sobre la desaparición de bienes y la falta de seguridad representan un desafío para el avance en estos procesos.