Luego de varias décadas de procesos legales sobre un predio de propiedad de la Registraduría Nacional del Estado Civil ocupado por terceros, el Inspector Dieciocho Distrital de Atención Prioritaria de Policía de Bogotá, D. C. (AP-18) de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en audiencia pública, declaró infractores a los actuales ocupantes por la ocupación ilegítima que realizan del predio, decretó el statuo quo a favor de la entidad y ordenó la restitución del bien.
Este bien fiscal, cuya extensión es de más de 5.800 metros cuadrados y se encuentra ubicado adyacente a la sede central de la Registraduría Nacional, en la localidad de Teusaquillo en Bogotá, fue ocupado durante años por estos particulares que buscaban lucrarse con este terreno.
"Declarar infractor a poseedor inscrito de la mejora, Argenis Calderon, Mauricio Arias y otros indeterminados pero determinables que se encuentren ocupando el bien, de los comportamientos contrarios a la protección de bienes inmuebles conforme lo indica los numerales 1 y 5 del artículo 77 de la Ley 1801 de 2016, por la ocupación ilegitima que realiza del predio publico identificado con nomenclatura urbana Av. Calle 26 No. 51-50 Interior 1 en la Localidad de Teusaquillo en Bogotá DC".
El inspector determinó que, en un término máximo de veinte (20) días hábiles, el predio deberá ser restituido de manera voluntaria a la Registraduría Nacional libre de muebles, enseres, animales, cosas, personas y demás que se encuentren en el inmueble.
Al vencimiento del mencionado término, la Registraduría Nacional deberá informar si se realizó la restitución o entrega voluntaria conforme lo ordenado y, de ser así, llevar a cabo “las obras necesarias, razonables y asequibles, que impidan futuras y sucesivas ocupaciones o cerramientos indebidos sobre el predio”, de acuerdo con lo establecido en el artículo séptimo del acta de audiencia nro. 4 del citado proceso.
Disputa:
La disputa legal entre la Registraduría Nacional del Estado Civil y dos civiles sobre el predio conocido como' La Mazorc'a en Teusaquillo, se centra en un terreno que ha estado en controversia durante casi dos décadas. Este predio tiene un valor estimado de 23,000 millones de pesos colombianos y su propiedad es cuestionada por las partes involucradas.
Por una parte, la entidad afirma que el terreno es un bien del Estado, mientras que los civiles sostienen que no está claro si el predio pertenece al Estado o si es de propiedad privada. Además, ha argumentado que han ejercido derechos sobre el terreno durante años.