En Bogotá, la administración distrital manifestó su rechazo ante los presuntos casos de violencia sexual que han salido a la luz en los últimos días, afectando a menores de edad de la comunidad Emberá asentada en la ciudad. Según información proporcionada, entre los días 27 y 30 de junio se han registrado cuatro casos de presunto abuso sexual a menores de dicha comunidad.
Desde el primer momento, diversas entidades del Distrito, como la Secretaría de Salud, la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, Integración Social y la Secretaría de Gobierno, activaron la ruta de atención integral para proteger a las menores afectadas. La Policía Metropolitana de Bogotá, a través de su Unidad Especial de Infancia y Adolescencia, ha realizado el acompañamiento respectivo, logrando la detención de uno de los presuntos agresores para proceder con su individualización y judicialización. Mientras tanto, los familiares de las menores han interpuesto las denuncias correspondientes para que se inicie la investigación pertinente.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, subrayó la importancia de garantizar y promover los derechos de la niñez, las mujeres y las víctimas del conflicto armado del pueblo Emberá en la ciudad. Para ello, las Secretarías de Seguridad, Mujer, Salud, Educación, Gobierno, Integración Social, Desarrollo Económico y la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliació ofrecieron servicios de atención en salud y educación, atención a la niñez y primera infancia, y ayuda humanitaria para la comunidad Emberá desde su llegada a la ciudad. Además, se han adelantado diálogos con líderes y entidades del Distrito y de la Nación para buscar soluciones duraderas a través del acompañamiento al retorno, la reubicación y la integración local de la población Emberá.
En paralelo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha verificado los derechos de una niña de 11 años y una adolescente de 14 años, pertenecientes a la comunidad Emberá, presuntas víctimas de violencia sexual en la UPI La Florida, Cundinamarca. El ICBF designó un equipo profesional que activó la ruta de verificación de derechos y ha proporcionado atención en salud, ubicando a las menores en la modalidad de hogar sustituto.
Tanto la administración distrital como el ICBF hicieron un llamado a la comunidad para que denuncie cualquier situación que ponga en peligro la vida o la integridad de niñas, niños y adolescentes a través de la línea 141. La administración distrital ha enfatizado que no tolerará vulneraciones a los derechos de menores y tomará acciones contundentes dentro del marco de la justicia ordinaria para garantizar que Bogotá sea un territorio seguro donde los menores puedan desarrollar sus proyectos de vida en paz y con dignidad.