La Fiscalía y la DIJIN de la Policía Nacional, pusieron en evidencia a una red ilegal que sería la responsable de adulterar medicamentos para enfermedades de alto costo y de uso exclusivo del sistema de salud, para ponerlos a la venta en Medellín (Antioquia), Montería (Córdoba), Barranquilla (Atlántico) y Santa Marta (Magdalena).
La organización ilegal, al parecer, obtenía los productos de manera subrepticia en Entidades Prestadoras de Salud (EPS). Posteriormente, les modificaba las fechas de vencimiento y lotes de fabricación, les cubría las leyendas de uso institucional, y los comercializaba a un mayor costo.
Durante la investigación se conoció que los tratamientos alterados, presuntamente, fueron distribuidos a través de una asociación dedicada a la atención de personas enfermas de cáncer en Antioquia, y en cadenas de droguerías de diferentes ciudades.
De igual forma, se estableció que se habrían ofrecido sin autorización medicamentos que producen adicción o dependencia, elaborados con narcóticos y opioides, los cuales tienen una restricción y regulación especial.
En 10 diligencias de registro y allanamiento realizadas en Medellín y Montería fueron capturados 11 señalados integrantes de la estructura. En los procedimientos se detectó lo que sería una fábrica ilegal de cosméticos, centros de almacenamiento de medicamentos vencidos o en mal estado, así como los lugares en los que se alteraban cajas y empaques. En total, fue incautada una tonelada de productos.
Le puede interesar: Capturaron al abogado Diego Cadena en aeropuerto El Dorado
Fiscales de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputaron a los detenidos, según el posible nivel de participación, delitos como usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos obtentores de variedades vegetales; concierto para delinquir; corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico; enajenación ilegal de medicamentos; y estímulo al uso ilícito.
Entre los procesados está el presunto cabecilla de la red, Ramón Antonio Pérez Díaz, supuesto socio capitalista del andamiaje ilegal, y a quien se le atribuye la posible distribución a gran escala de opioides sintéticos y sustancias médicas de uso controlado que generan dependencia.
Los demás investigados cumplían diferentes roles ilícitos. Algunos serían los encargados de conseguir mediante diferentes maniobras los medicamentos, otros los alteraban y modificaban su presentación, y un grupo se dedicaba a la comercialización. Ellos son:
- Pedro Rafael Negrete Daguer.
- Jorge David Figueroa Beltrán.
- Jesús Alberto Negrete Marrugo.
- Orlando José Laguna Ortiz.
- Mary Luz Hernández Moreno.
- Giovanny Montoya Márquez.
- Cristian Camilo Orrego Monsalve.
- Javier Alberto Henao Orrego.
- Nora Nancy Martínez Bustamante.
- Rubén Darío Ramírez Ramírez.