Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a seis integrantes de la Policía Nacional, que estarían involucrados en los actos de tortura y posterior homicidio de un joven extranjero, el 23 de diciembre de 2023, en Chinchiná, Caldas.

Se trata del subteniente Manuel Alejandro Velásquez Burgos, los subintendentes Julio Cesar López Aranzales y Gerson Alveiro Gafaro Portilla, y los patrulleros Sergio Estiven Bañol Betancurt, Roger Fernando García Moreno y Santiago Echeverry Gómez.

El día de los hechos investigados, el administrador de una residencia del centro de Chinchiná se comunicó con las autoridades y les pidió ayuda para controlar a una persona que se alojaba en una habitación del inmueble, y estaba altamente exaltado.

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Varios uniformados llegaron al lugar. Al parecer, tumbaron la puerta de la alcoba donde supuestamente se presentaban los desórdenes, tomaron del cuello a un hombre obstruyéndole la respiración y le rosearon gas pimienta, quedando desmayado. Luego, lo habrían sacado del inmueble y golpeado en vía pública. La agresión quedó registrada en cámaras de seguridad del sector.

Minutos después, otros funcionarios llegaron al sitio, subieron al joven extranjero a una patrulla, dos de ellos lo acompañaron en la parte de atrás del vehículo, y lo trasladaron al comando de policía de Chinchiná. Media hora después lo llevaron a un centro asistencial, donde llegó sin signos vitales.

Los policías que participaron en el procedimiento señalaron en el informe oficial que la víctima fue conducida para realizarle un comparendo y se había desmayado por el estado de agitación que presentaba. El dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses evidenció que la causa de la muerte fue por estrangulamiento y el cuerpo presentaba signos de tortura en piernas, pecho, manos y cabeza.

Por todo lo anterior, los uniformados fueron capturados por personal del CTI. Una fiscal especializada de la Seccional Caldas, de acuerdo con sus posibles responsabilidades individuales, les imputó los delitos de homicidio agravado, tortura agravada, detención ilegal, abuso de poder y omisión. Los cargos no fueron aceptados.

De otra parte, la Fiscalía solicitó el trámite y expedición de notificación azul de Interpol en contra de otro policía que también estaría involucrado en lo sucedido y salió del país.