El pasado domingo se inició un paro armado declarado supuestamente por la segunda de estas organizaciones, la cual asegura que no se dejará sacar de este territorio por los ‘elenos’. Mientras tanto, el comercio, el transporte y el servicio de educación se han visto afectados por esta situación
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El paro armado declarado por Los Pelusos, banda criminal originada de una disidencia del Epl, guerrilla desmovilizada en 1991, en la conflictiva región del Catatumbo (Norte de Santander), cumple hoy su quinto día, durante los cuales la afectación al orden público no ha ido más allá de varios retenes ilegales, así como de algunos camiones y vehículos pintados con consignas y quemados por encapuchados.
No obstante, ha sido grande la afectación al diario vivir de los habitantes de los once municipios de esta región limítrofe con Venezuela, pues el comercio y el transporte se han reducido e incluso los colegios suspendieron clases hasta el próximo domingo.
El miedo de la población va más allá de este paro armado, que se espera en cualquier momento sea levantado por el Epl. La mayor preocupación es la guerra que desde ya, esta organización declaró con el Eln por la lucha por este territorio y zonas dejadas por las Farc, en donde hay más de 16 mil hectáreas de coca y laboratorios para su producción, con consecuencias impredecibles para los ciudadanos que pueden quedar en medio del fuego cruzado, especialmente en las veredas y zonas rurales.
Mientras tanto Policía y Ejército han incrementado su presencia en el Catatumbo y dan un parte de tranquilidad para que los ciudadanos realicen sus actividades con normalidad. El comandante de la Policía en Norte de Santander, coronel George Quintero, explicó ayer que “con la llegada de Grupos de Operaciones Especiales al Departamento, reforzaremos la seguridad en los diferentes municipios del Catatumbo”.
El pasado sábado se conoció un panfleto, firmado supuestamente por el frente Libardo Mora del Epl, en donde advierte que el Eln los ha provocado y declarado la guerra. “Queremos que a todos les quede claro que utilizaremos nuestro legítimo derecho a la defensa del ataque propiciado por el Eln”.
Añade: “Queridas comunidades en donde hoy en día se alojan y es acampamiento de los miembros del Eln; queremos de una manera responsable advertirlos a partir de la promulgación de la presente: va a ser una guerra sin cuartel.
Agrega este frente del Epl en el panfleto que “los invitamos a que se refugien en las cabeceras municipales ya que no queremos que la población civil esté en medio del fuego cruzado. Al no hacer caso entendemos de su participación, complicidad y colaboración con el Eln”.
Dice también, “la invitación es para la población civil mantenerse fuera. En las veredas donde se produzcan o crean que se pueda producir enfrentamientos, resguardar sus vidas; y si se quedan, entenderemos como un acto de guerra y de complicidad con el enemigo”.
En tanto que el Eln aseguró en Twitter el pasado 21 de marzo: “El Ejército Popular de Liberación nos declaró la guerra al Eln”.
Suspenden clases
La Secretaría de Educación de Norte de Santander ordenó suspender, hasta el 22 de abril, las actividades académicas y administrativas en 80 establecimientos educativos, de once municipios del Catatumbo.
“Ésta es una medida de prevención. Servirá para proteger la integridad de cerca de 44.829 menores y 2.285 entre maestros, personal administrativo y directivos docentes”, explicó María Fabiola Cáceres Peña, titular del despacho de Educación departamental.
La resolución cobija únicamente a las instituciones urbanas y rurales de Tibú, Hacarí, Convención, El Carmen, El Tarra, San Calixto, Teorama y La Playa. Mientras que en Ábrego, Ocaña y Sardinata, solo los centros educativos rurales.
Cáceres Peña precisó que los días que se suspenden las clases serán recuperados en las semanas institucionales.
La funcionaria aseguró que de persistir la alteración en el orden público, se decidirá modificar el calendario académico, previo consentimiento del Ministerio de Educación Nacional
Defensoría del Pueblo
El defensor del Pueblo, Carlos Negret, hizo presencia en los municipios de Tibú y El Tarra, constatando el clamor de los ciudadanos para que los actores violentos respeten sus derechos. Esto en el marco de la convocatoria de la Iglesia Católica y la sociedad civil para la ‘Caravana por la Esperanza’.
El Defensor del Pueblo manifestó su rechazo a todas las acciones violentas que han vulnerado los derechos humanos de los habitantes de la subregión del Catatumbo, en el marco de la disputa armada entre las estructuras del Eln y el Epl.
La Entidad ha venido advirtiendo que desde finales de 2017 se presenta una disputa entre los miembros de las dos estructuras armadas que han copado los espacios dejados por las Farc en la zona. “La reconfiguración de la dinámica armada en el territorio ha conllevado especialmente, desde enero de 2018, varios hechos de violencia con afectaciones directas sobre la población civil, generando desplazamientos forzados, amenazas, secuestros, confinamiento, restricciones a la movilidad, enfrentamientos con interposición de la población civil e impidiendo el acceso a bienes y servicios básicos como la salud y la educación”, indica la Defensoría.
Añadió el organismo que es especialmente preocupante la situación de los niños del Catatumbo que ven afectado su derecho a la educación mientras no haya garantías para transitar libremente por el territorio.
También manifestó su preocupación por las limitaciones impuestas para la prestación de los servicios hospitalarios, las amenazas contra la integridad del personal sanitario, la limitación para llevar a cabo el traslado en ambulancia de personas en estado grave en varios municipios, así como la amenaza de atentado contra la infraestructura hospitalaria, lo que constituyen una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario.
Dice también la Defensoría del Pueblo que “la declaratoria de un paro armado por parte del grupo Epl el pasado 15 de abril, agravó la crisis humanitaria y evidencia los altos grados de vulnerabilidad que presentan las poblaciones indígenas y campesinas de la zona.
Igualmente los líderes sociales, comunales, de víctimas, así como todos los defensores de derechos humanos -incluidos los funcionarios públicos que desarrollan labores en pro de la defensa de los derechos humanos desde el Ministerio Público- han sido expuestos a señalamientos y amenazas que socavan su labor de defensa de derechos humanos, señala también la Defensoría del Pueblo. “Con esta situación se pretende desconocer los procesos sociales en los que se encuentran involucrados y que son la base fundamental para la construcción de una verdadera democracia”, remarca.
La Entidad considera que ataques, intimidaciones y señalamientos a medios de comunicación regional, periodistas de emisoras comunitarias, comerciantes y miembros de agremiaciones entre ellos los transportadores, son inaceptables y terminan por evidenciar el desconocimiento flagrante del Derecho Internacional Humanitario, para aminorar los impactos que la acción violenta de los actores armados involucrados puedan traer sobre la vida, integridad y libertad de los habitantes de la región.
Desde la Defensoría del Pueblo se hace un llamado imperativo a que los grupos armados Eln y Epl, con sus frentes y comisiones, cesen la confrontación, atiendan los reiterados llamados que las organizaciones sociales de la región, el movimiento comunal y el pueblo indígena Barí han hecho de manera pública, solicitando que esta escalada de violencia en la región del Catatumbo se detenga. Su voluntad de paz requiere de hechos concretos como manifestación del compromiso de los actores armados involucrados, señala.
Transporte desde Cúcuta
La Central de Transporte de Cúcuta mantiene suspendidos los doce despachos que a diario normalmente hace con destino a la región del Catatumbo. “Debido a la situación de orden público, las cuatro empresas de transporte que movilizan a 240 pasajeros hacia la zona, optaron por no viajar en los últimos días. No sabemos cuántos días se puede extender esta medida”, dijo Wilson Capacho, vocero de esta terminal.