Marchas se dan en medio de un paro armado que completa ocho días por parte de Los Pelusos. Defensoría del Pueblo ya había reclamado mayores acciones para proteger a la población civil. Santos ordenó al ‘vice’ Naranjo y al Minterior trasladarse a la zona para buscar soluciones.

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La guerra que libra el Eln con ‘Los Pelusos’, unido al paro armado que desde hace ocho días se adelanta en la región, llevó a la población a realizar una caravana denominada ‘Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz’, y al Gobierno nacional a ordenar nuevas acciones, como arreciar la lucha contra los subversivos.

Ayer, líderes de la región del Catatumbo, en Norte de Santander, acompañados por congresistas, ONG nacionales de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo, marcharon hacia el municipio de El Tarra para llevar a cabo la Asamblea Regional por la Paz con Justicia Social, según un comunicado divulgado por la Asociación Minga.

La Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo -como se bautizó este grupo de distintos sectores regionales-, hizo un llamado, y la comunidad afectada en la región respondió con el fin de hacer frente a la situación y rechazar la presencia de los grupos armados de la región.

La comunidad exigió poner su atención en la olvidada región del Catatumbo, exigir el respeto al Derecho Internacional Humanitario (DIH) por parte de los grupos armados, y rechazó la militarización del Estado que no ha resuelto los problemas de la región, pidiendo no involucrar a la sociedad civil en la confrontación armada.

Para la población, la crisis actual del Catatumbo también es producto del abandono estatal, y es por ello, que solicitó que la respuesta del Estado no gire en torno a acciones humanitarias, sino también a políticas que resuelvan de raíz los problemas de la región. 

Ya el sábado, un promedio de 8.000 ciudadanos del municipio de Tibú, lideraron una multitudinaria marcha con el mismo fin: exigirles a los grupos alzados en armas que excluyan a la población de sus actividades criminales.

Estas acciones se realizan en medio de un paro armado decretado el fin de semana pasado por el Eln y 'Los Pelusos', disidencia del Epl, que se desmovilizó en 1991, que se están enfrentando en la zona.

El paro ha bloqueado por más de siete días el transporte, el comercio, la educación y todos los sectores productivos, sociales y económicos de la región.

El Gobierno nacional había ordenado ya algunas acciones para intentar detener la confrontación entre Eln y ‘Los Pelusos’, con el incremento de la presencia de Fuerza Pública, y anunció que el vicepresidente Óscar Naranjo, el Ministro del Interior Guillermo Rivera, y otros altos funcionarios, se trasladarán a la región del Catatumbo para hablar con los alcaldes y las comunidades, y así buscar las soluciones que sean necesarias a la problemática que afronta.

Estos funcionarios se suman a la del Comandante de las Fuerzas Militares, quien ha hecho presencia en la región con miras a garantizar el orden público, que se ha visto afectado por las confrontaciones entre grupos armados al margen de la ley.

“Esta región del Catatumbo, que nos preocupa a todos los colombianos, al Gobierno en especial, ha tenido una serie de problemas donde hemos estado pendientes durante todos estos días, sobre la situación allá”, dijo.

Así mismo, el Jefe de Estado aseguró que “el Gobierno seguirá pendiente y está dispuesto a encontrar las soluciones que sean necesarias”.

Reiteró que la seguridad se está viendo afectada por las confrontaciones entre algunos grupos armados ilegales y que el Gobierno nacional y la Fuerza Pública están actuando para frenar la situación.

“La parte de seguridad, que sabemos que está afectada por esa confrontación entre el Eln y ese grupo que se denomina ‘Los Pelusos’, es parte del origen del problema, y eso lo estamos confrontando; lo vamos a confrontar con toda la contundencia”, puntualizó.

Alertas

En la semana larga que completa el paro armado ordenado, se han registrado acciones como la quema de buses y otros automotores, el cierre del comercio, de los colegios, y los transportadores anunciaron que no prestarán el servicio de trasporte de carga y pasajeros.

En los ocho municipios del Catatumbo “hay 1.640 personas en cuatro refugios, tres están en San Calixto y uno de ellos en Hacarí”, víctimas desplazamiento forzado.

El jueves “llegaron aproximadamente 20 familias al coliseo de Ocaña con un total de 47 personas. Nos informan de 20 personas que llegaron a la Casa Campesina del municipio de San Calixto”, según cifras que manejan diferentes organismos.

Pero lo más preocupante es que los albergues están sin alimento y se está tratando de llegar con ayudas humanitarias a esta región, aunque no es fácil.

La Iglesia Católica, así mismo alertó que la situación de crisis y el paro armado, “van para largo”.

La semana pasada, el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, había manifestado su rechazo a todas las acciones violentas que han vulnerado los derechos humanos de los habitantes de la subregión del Catatumbo.

La Entidad ha venido advirtiendo que desde finales de 2017 se presenta una disputa entre los miembros de las dos estructuras armadas que han copado los espacios dejados por las Farc en la zona. La reconfiguración de la dinámica armada en el territorio ha conllevado especialmente, desde enero de 2018, varios hechos de violencia con afectaciones directas sobre la población civil, generando desplazamientos forzados, amenazas, secuestros, confinamiento, restricciones a la movilidad, enfrentamientos con interposición de la población civil e impidiendo el acceso a bienes y servicios básicos como la salud y la educación. 

Las autoridades del departamento han declarado la Urgencia Manifiesta en Norte de Santander, desde el pasado 12 de abril, y adicionalmente ordenaron la suspensión de todas las actividades académicas durante la semana del 16 al 22 de abril en los establecimientos urbanos y rurales de los municipios de Tibú, Hacarí, Teorama, San Calixto, El Tarra, El Carmen, La Playa y Convención, así como en los Centros Educativos Rurales (CER), de Sardinata, Ábrego y Ocaña; pero no sería extraño si hoy no se reanudan las clases.

Para la Defensoría es especialmente preocupante la situación de los niños y niñas del Catatumbo que ven afectado su derecho a la educación mientras no haya garantías para transitar libremente por el territorio.

“La declaratoria de un paro armado por parte del grupo Epl el pasado 15 de abril, agravó la crisis humanitaria y evidencia los altos grados de vulnerabilidad que presentan las poblaciones indígenas y campesinas de la zona”, reiteró el Defensor Negret.