El negocio, cerrado en casi $50.000 millones, es uno de los más grandes que se hayan adelantado con bienes decomisados a los narcotraficantes.
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La venta de la llamada Casa Shaio, ubicada en el sector de La Cabrera, en el norte de Bogotá, fue oficializada este viernes por la Central de Inversiones S.A. (CISA) y la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
A través de un comunicado, la SAE informó que en ese lote, de más de 5.400 metros cuadrados, la República Popular China construirá su nueva embajada en Colombia, una de las más grandes de América Latina.
La actual edificación de 554 metros cuadrados, construida por la firma de arquitectos Obregón y Valenzuela para Eduardo Shaio, uno de los fundadores de la clínica Shaio, fue terminada en 1957.
Tras la muerte del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, la propiedad pasó a la antigua Dirección de Estupefacientes en 1995. En febrero se realizaron dos subastas públicas con el fin de enajenarla, pero en ninguna de las dos se alcanzó una oferta viable, principalmente por las consideraciones de uso del suelo, que limita la utilización a entidades culturales de bajo impacto, y las restricciones urbanísticas, que no permiten levantar construcciones de altura en el sector, explicó María Virginia Torres, presidenta de la SAE.
Tras aclarar la norma sobre uso del suelo y adelantar las consultas correspondientes, se concluyó que la embajada de la República Popular China, quien se mostró interesada en el inmueble, cumplía las condiciones del artículo 21 de la Ley 1150, al ser una entidad pública de carácter internacional, para poder adquirir el bien de manera directa, transacción que se oficializó en el día de hoy.
El presidente de CISA, Hernán Pardo, destacó la importancia de la operación y aseguró que el negocio, cerrado en 49.839.453.650 pesos, es uno de los más grandes que se hayan adelantado con bienes decomisados a los narcotraficantes.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, explicó que el producto de esta venta se distribuirá un 40 por ciento para el Gobierno nacional, 25 por ciento para la Fiscalía General de la Nación, 25 por ciento para la rama judicial y 10 por ciento para la Policía, a través del Fondo de Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco).
“Se le va a dar un uso productivo y con un buen impacto urbanístico a un inmueble recuperado gracias a la lucha que hemos librado todos los colombianos contra el narcotráfico y va a aportar unos recursos cercanos a 50.000 millones de pesos que nos van a permitir seguir fortaleciendo esa lucha”, concluyó el ministro Cárdenas.