En una atípica sesión, este domingo la Comisión de Hacienda, tras cuatro horas de deliberación, no atendió el rescate social que estaba previsto para votarse.
Luego de que el concejal del Polo Democrático, Carlos Carrillo, radicara un recurso de apelación a una decisión que tomó la presidenta de la comisión Luz Marina Gordillo el viernes en la noche, se dilató la discusión sobre el rescate y los cabildantes terminaron votando si se le daba o no continuidad a la sesión permanente.
Con 14 votos, 4 a favor y 10 en contra de que se declarara la sesión permanente, se dio por terminada la actividad y la discusión sobre el rescate social quedó para el día de mañana.
Es importante referir que el recurso del concejal Carrillo se debió a que el viernes la Presidenta de la Comisión de Hacienda tomó la decisión de cerrar el debate (solo quedaban seis concejales, lo que significa que no había quorum para ello), pese a que varios miembros de la comisión y del Concejo señalaron que muchas preguntas se habían quedado sin resolver y cabildantes como Carlos Fernando Galán se quedaron sin intervenir.
“Esta apelación debe discutirse como lo dice el reglamento en la próxima sesión y mi votó es negativo a la sesión permanente. La Alcaldesa está comprando a este Concejo con manzanilla y con mermelada. Aquí está claro que está administración ya tiene arreglado a este Concejo y ni siquiera tienen la decencia de por lo menos someterse a la legalidad del trámite”, denunció ayer el concejal Carrillo con relación a su apelación, que no retiró y a la que se le deberá dar trámite.
Poco después, con la sesión ya levantada, este último indicó que “hoy el Concejo de Bogotá dio una muestra de independencia y dignidad y se negó a seguir tramitando un proyecto de acuerdo en donde no se están dando las garantías. Es claro que este proyecto no es un rescate social. La Alcaldía así lo ha presentado pero es un rescate al barril sin fondo de los buses de Transmilenio en Bogotá. El 63% de estos recursos irán a los operadores privados del sistema en últimas".
Las reacciones
Por su parte, el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez indicó, finalizada la sesión, que no es posible que Bogotá se reactive económica y socialmente si quienes usan el sistema integrado de transporte público no pueden ir a trabajar.
“Garantizar el derecho al trabajo de más de 2 millones de trabajadores que no tienen carro, implica garantizar las finanzas de un sistema golpeado por la pandemia. El martes continuaremos el debate en el Concejo de Bogotá de esta vital iniciativa de ciudad, que no solo garantiza la prestación del servicio esencial de transporte sino también más recursos para renta básica, becas educativas y para más inversión social”, trinó en horas de la tarde el funcionario.
ABC del proyecto
Punto aparte, ayer la Secretaría de Hacienda aclaró que el proyecto de acuerdo presentado al Concejo es una adición presupuestal por $1,8 billones con dos componentes principales: recursos para la ejecución de la primera parte del plan de rescate social por $670 mil millones (de un total de $1,7 billones, el resto de los cuales será programado para ejecución en 2022), y recursos por $1,1 billones para garantizar el funcionamiento del sistema de transporte público, cuyos ingresos han caído drásticamente como consecuencia de la emergencia derivada del covid-19.
A este respecto, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda estos $1,1 billones para el Fondo de Estabilización Tarifaria, buscan garantizar la operación del sistema de transporte en Bogotá en lo que resta del año.
Los ingresos del sistema han sido duramente afectados por la menor utilización del transporte público, por los efectos de la pandemia y las medidas implementadas para reducir los contagios. Hoy, este fondo solo cuenta con recursos para cubrir el primer semestre. Con esta adición, la Administración Distrital podrá garantizar en lo que resta del año la movilidad que la ciudad necesita para avanzar en la reactivación económica y en el rescate social.
“No es posible pensar en reactivación económica, generación de empleo, y rescate social sin garantizar el funcionamiento del sistema de transporte público. La parálisis del transporte público golpearía principalmente a la población de ingresos bajos que son los que más utilizan este sistema como medio de transporte: el 87% de los viajes corresponde a personas de estratos 1, 2 y 3, que usan el transporte público para movilizarse a sus lugares de trabajo y estudio. Y el 72% de los viajes en la ciudad se realiza para trabajar, estudiar o recibir atención en salud”, indicó en un documento explicativo.
También se incluyen $9.000 millones para atender la gestión y las necesidades específicas de varias entidades del Distrito (Secretaría Distrital de Cultura, Catastro, Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal, Idpac, y Atenea).
También aclaró que el plan de rescate anunciado por la alcaldesa López es un plan para ser ejecutado entre 2021 y 2022. El proyecto de adición presentado al Concejo incluye solamente los recursos del plan de rescate que van a ser ejecutados en 2021 y no incluye los que van a ser ejecutados en 2022.
Punto aparte, el paquete social propuesto para 2021 incluye los $670.000 millones que se presentaron al Concejo, dirigidos principalmente a: $389.000 millones en transferencias monetarias a hogares pobres y vulnerables; $116.000 millones para programas de educación, empleo y generación de ingresos de jóvenes y mujeres; $91.000 millones para subsidios de vivienda, y $41.000 millones para atención a primera infancia.