Por sus presuntos nexos con el grupo narcoparamilitar las Águilas Negras, narcotráfico y tentativa de homicidio agravado el suspendido senador Martín Emilio Morales Diz fue condenado ayer por la Corte Suprema de Justicia a 25 años de prisión.

Por estos hechos el político cordobés hace 26 meses que está privado de la libertad, tiempo durante el cual se aplicó la figura de la silla vacía al Partido Social de Unidad Nacional (La U), colectividad que le dio su aval en los comicios parlamentarios de 2014, la cual ahora queda en firme con este fallo del alto Tribunal.

La Corte Suprema inició el proceso contra el senador Morales con base en el testimonio de Yoiner Sánchez, alias el Chiquito, quien denunció que el político como alcalde de San Antero (Córdoba) en el año 2005 convino con otras personas la creación de una organización delictiva "con la finalidad de sacar del país estupefacientes desde el municipio” a Centroamérica.

La acusación en su contra dice que "participó en la actividad de sacar del país hacia Centroamérica tres cargamentos de cocaína en el 2006, el primero por 1.200 kilogramos; el segundo, por 1.500 kilogramos; y el tercero, con peso desconocido superior a los 2.000 kilogramos".

La Corte Suprema encontró que dicha organización operó hasta el 15 de mayo del 2012, época para la cual Morales ya llevaba 10 meses como integrante del Congreso de la República.

La investigación también determinó que Morales siendo alcalde de San Antero se alió con el burgomaestre de Chimá, Carlos Rodríguez, y el grupo narcoparamilitar las Águilas Negras, que era comandado por Jairo Andrés Angarita Santos, para su expansión y consolidación en la zona.

Ese apoyo a las Águilas Negras se "manifestó en aporte de armas, dinero y demás elementos para su funcionamiento", indicó la Corte Suprema de Morales Diz.

El parlamentario de la costa norte también fue condenado por tentativa de homicidio del exalcalde del municipio de San Antero, Wilmer José Pérez Padilla, el 26 de noviembre del 2006, para lo cual según concluyó la Corte "contrató a la banda criminal Águilas Negras, quienes detonaron varias granadas de fragmentación y accionaron armas de fuego, sin obtener la muerte de quienes se encontraban durmiendo en ese lugar por motivos ajenos a su voluntad".

La Sala Penal de la Corte Suprema votó a favor la ponencia del magistrado Eyder Patiño, quien lo encontró responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; tentativa de homicidio agravado; y porte ilegal de armas y munición de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo en dicha ponencia Morales fue absuelto por el delito de homicidio agravado porque según el togado Patiño el expediente debía remitirse a la Sala Especial de Primera Instancia, que se creó con la reforma de la doble instancia para aforados y que todavía no ha sido implementada en la Corte. No obstante, el alto Tribunal rechazó ese pedido.

En el juicio, Morales se declaró inocente y aseguró que su caso se originó por un testigo falso. “Soy inocente. No soy ni asesino, ni paramilitar ni soy mafioso. Soy un padre de familia, un hombre casado, un buen hijo y un buen hermano (…) Haber tomado la decisión de denunciar una extorsión ha sido la causa y la razón por la que hoy me encuentro en el banquillo de los acusados", dijo en esa ocasión el político cordobés.

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Ashton a juicio

En el marco de la ofensiva de la Corte en las últimas semanas para avanzar en el proceso de la parapolítica, ayer llamó a juicio al suspendido senador liberal Álvaro Ashton, quien fue capturado en diciembre pasado producto  de una investigación abierta desde el año 2012.

La Corte procesa al suspendido senador atlanticense con base en las declaraciones de alias don Antonio y de Mario Marenco Egea, alias el Gordo, quien aseguró que Aston fue apoyado por las Auc, específicamente el frente José Pablo Díaz, en el denominado plan Caribe con el que políticos de la costa fueron apoyados por paramilitares para ser elegidos a corporaciones públicas y cargos uninominales.

Ashton también es investigado por la Corte Suprema de Justicia por el caso Odebrecht, el denominado ‘Cartel de la Toga’ y el escándalo de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).