Un crecimiento del 73% se registró en el fenómeno del confinamiento en el país entre enero y septiembre del presente año, en comparación con similar periodo del 2021, viéndose afectadas más de 90 mil personas, según lo reveló ayer un informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Colombia.

Al respecto uno de los expertos consultados por EL NUEVO SIGLO explica que el confinamiento está creciendo porque en la confrontación entre los grupos armados por dominar territorios, con el fin de explotar rentas ilícitas como el narcotráfico, bloquean el paso en vías, caminos e incluso ríos, dejando a la población sin rutas de escape.

“Entre enero y septiembre de 2022, el número de personas confinadas ha aumentado en un 73% en comparación con el mismo periodo de 2021 con un total de 95.739 confinadas”, señaló OCHA Colombia.

Explicó que el departamento del Chocó continúa representando al 71% de las víctimas por este hecho, seguido por Nariño, Arauca, Cauca y Valle. 

“Estos hechos han estado precedidos por enfrentamientos entre GANE (grupos armados no estatales), amenazas individuales y colectivas, homicidios selectivos, combates, incursiones, instalación de MAP (minas antipersonal) y MSE (municiones sin explosionar) y restricciones a la movilidad”, explicó OCHA Colombia.

No obstante, el informe destaca que durante septiembre se reportó el menor número de personas confinadas en el 2022 (2.345 personas) y también se observaron bajos niveles en las restricciones a la movilidad respecto al mes de agosto.

En al menos seis emergencias por confinamiento durante septiembre se registró una doble afectación a la población por la ocurrencia paralela, previa o posterior de desplazamientos masivos o inundaciones.

También, dice el informe, durante septiembre se identificó la imposición por parte de grupos armados al margen de la ley de códigos de conducta a la población en Chocó, Guaviare y Putumayo; así como “la persistencia de confinamientos desde los meses de enero (Chocó), julio y agosto (Nariño), lo que ha generado impactos negativos en las condiciones de vida de la población respecto a la imposibilidad de acceder a cultivos o actividades de pesca, deterioro en la salud física y mental, restricciones para continuar con las jornadas educativas, entre otros”, indica OCHA.

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Recientes confinamientos 

Entre finales del mes de agosto y septiembre se reportó la ocurrencia de cuatro nuevos confinamientos, ocurridos en la región Pacífico. Más de 2.400 personas se vieron confinadas en sus territorios.

Dice el informe que en Nariño, la presencia de los grupos armados, las amenazas contra la población civil y el homicidio de autoridades étnicas en la región de Cofanía Jardines de Sucumbíos (en la frontera con el departamento de Putumayo) resultó en el confinamiento de unas 333 personas en Ipiales, algunas de las cuales se habían visto desplazadas hacia Putumayo y, posteriormente, regresaron al municipio sin garantías de seguridad y dignidad.

“Cabe resaltar que, en esta zona, habitan principalmente comunidades indígenas de los pueblos Awá y Nasa, quienes se han visto afectados de manera desproporcionada por la injerencia de los GANE en la región de Jardines de Sucumbíos”, explicó OCHA Colombia.

Por otra parte, en Chocó se reportaron dos confinamientos. En el municipio de Lloró, 110 personas se vieron confinadas por la presencia de un grupo armado al margen de la ley.

Adicionalmente, dice OCHA Colombia, en Alto Baudó, más de 1.800 personas fueron víctimas de confinamiento en el resguardo emberá Puerto Alegre y La Divisa. La emergencia se dio como consecuencia de enfrentamientos entre grupos armados, dejando en medio del fuego cruzado a la población civil, por lo que enfrentaron restricciones al acceso a servicios básicos como alimentación, educación y a la libre movilidad.

“De manera similar, en Argelia, departamento del Cauca, la intensificación de las hostilidades entre GANE conllevaron al confinamiento de 530 personas”, indica el informe.

Desplazamiento 

OCHA Colombia señaló en su informe que entre enero y septiembre del 2022 se ha reportado un total de 66.922 víctimas por desplazamiento, con un incremento del 9% en el número de personas afectadas frente al mismo periodo en 2021. 

“Si bien durante el mes de septiembre se registró un número menor de víctimas por este hecho frente al mes de agosto, se mantiene la preocupación por el 49% (32.934 personas) de las víctimas durante el 2022 que no han logrado retornar a sus territorios desde el mes de enero”, manifiesta el informe.

Agrega que en departamentos como Nariño, Cauca y Chocó se observan situaciones de hacinamiento, falta de condiciones de seguridad que garanticen el retorno de la población y el deterioro de las condiciones de acceso a servicios básicos por periodos prolongados, así como emergencias reiteradas que han tenido impactos como casos de malnutrición en niños y la suspensión de jornadas educativas. 

Señala también que preocupan los desplazamientos masivos en municipios donde se han registrado incursiones armadas en meses anteriores y ahora evidencian la disputa abierta entre varios grupos delincuenciales, como ocurre en corregimientos de los municipios de Ipiales (Nariño) y El Paujil (Caquetá). 

Por qué está creciendo el fenómeno 

El director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Camilo González Posso, dijo a este Diario que el crecimiento del confinamiento de este año, especialmente en la región del Pacífico, “se ha dado por enfrentamientos entre grupos armados como el Clan del Golfo y el Eln, bloqueando el tránsito por los ríos, que es una manera muy fácil de interrumpir la comunicación, y dejan a la gente encerrada. No se desplazan porque no tienen cómo movilizarse”. 

Agregó que esta situación se da en parte de Nariño, pero Chocó es la región mayormente afectada.

González dijo que “entonces los desplazamientos son intramunicipios o de vereda a vereda, pero la gente sobre todo queda confinada, encerrada. Eso es lo que se ha estado dando en toda la zona del Pacífico”.

Por su parte, el director del Codhes (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento), Marco Alberto Romero Silva, indicó a este Diario que el confinamiento y el desplazamiento siempre han ido de la mano, pero en este momento el primero se hace más visible.

“Creo que siempre el desplazamiento y el confinamiento han ido de la mano, solo que ahora está más visible el tema del confinamiento”, dijo.

Sumó el director del Codhes que “cuando hay enfrentamientos armados, cuando hay presencia de grupos armados, siempre hay intentos de controlar la población, de controlar los territorios, de controlar rutas por donde entran armas, rutas por donde salen muchas veces recursos ilegales”.

Incluso, dijo el académico, muchas veces los grupos armados buscan ejercer control político sobre la gente; “recordemos en la costa Caribe todas las masacres con el fin de controlar políticamente a la población”.

Dijo Romero que “a veces no se sabe qué es más grave: si la gente que sale desplazada o la gente que se queda bajo el dominio de estos dispositivos de poder y de violencia en los territorios”.

Por su lado, la Defensoría del Pueblo presentó hace unas semanas un informe sobre desplazamiento, que abarca del 1 de junio del 2021 al 31 de mayo del 2022, en el cual también mostró su preocupación por el confinamiento que se registra en la zona del Pacífico, afectando a 94 comunidades en ese lapso.

Señaló el organismo que hay cuatro enclaves de confinamiento, que mantienen “a la gente bloqueada, presionada por actores armados, encerrada en sus casas, viviendo bajo el miedo y el terror de los grupos ilegales”.

Explicó la Defensoría que las zonas afectadas son Medio Atrato, el Bajo y Medio San Juan y el Alto, Medio y Bajo Baudó, en el departamento de Chocó.