A través de la Delegada de Minas y Energía, la Contraloría General de la República inició indagación preliminar en Electricaribe, para revisar en detalle la aplicación de los subsidios de energía recibidos desde el 2010 y hasta el 2014, con el propósito de verificar si los usuarios fueron beneficiados.

Esta actuación permitirá, además, cuantificar el monto del daño al patrimonio estatal que se habría dejado de cuantificar durante el período antes citado.

La medida se aplica luego que la Contraloría verificó que en 2015 y 2016 los recursos no llegaron a los usuarios, desnaturalizándose su propósito, pues no fueron empleados para subsidiar el costo del consumo de energía eléctrica de usuarios ubicados en zonas de difícil gestión, sino para cubrir las pérdidas de la empresa por la prestación del servicio de energía a dichas zonas.

El mes pasado, la Contraloría reveló que Electricaribe utilizó más de $78.500 millones de pesos que le giró el Gobierno para subsidiar alrededor de 600 mil usuarios, en un objeto totalmente distinto y presuntamente ilegal: disminuir sus pérdidas.

El hallazgo fue detectado por el organismo de control luego de analizar un promedio de 800 mil facturas mensuales expedidas durante los años 2015 y 2016, para un total de 19 millones de facturas revisadas aproximadamente.

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