La sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme el proceso penal que adelanta en contra del exsenador Ciro Ramírez por el mal llamado escándalo de las 'Marionetas’. El parlamentario es señalado de liderar el entramado de corrupción que permitió el desvío de millonarios contratos.
Ramírez es procesado bajo los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. Cargos sobre los cuales su defensa jurídica había solicitado la nulidad del proceso al considerar que el exparlamentario nada tenía que ver en los hechos de corrupción. Sin embargo, la Corte no aceptó dichos argumentos y mantuvo las investigaciones.
Según las pesquisas, la red de corrupción era liderada por el exsenador Mario Castaño, quien aceptó cargos y fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 15 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, estafa agravada y concusión. El pasado 18 de noviembre se conoció que el político falleció en la cárcel La Picota, aparentemente por un ataque cardíaco.
Esta red criminal se dedicó, entre 2021 y 2022, principalmente a redireccionar contratación pública por intermedio de alcaldes que eran ‘reclutados’, cobrando ‘mordidas’ a los contratistas que eran beneficiados, por lo general el 10 % de los convenios, en los departamentos de Caldas, Cauca, Risaralda, Tolima, Valle, Chocó, Cundinamarca, Antioquia, Quindío, Putumayo y Boyacá.
Las pesquisas de las autoridades
En el fallo de la Corte condenatorio a Castaño indicó que el alcance de esta red de corrupción llegó hasta los ministerios de Cultura, Hacienda, Deporte, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y las alcaldías de municipios del Cauca, Tolima, Quindío, Risaralda y Chocó.
Las investigaciones que adelantan la Fiscalía y la Corte Suprema se han movido este año.
La Fiscalía pidió a la Corte investigar al senador Ramírez por su participación, supuestamente, en este entramado de corrupción. En el caso de este parlamentario, se investigó un contrato que firmaron en 2021 el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y la Empresa Industrial Proyecta Quindío por $48.660 millones.
La Fiscalía encontró que una asesora en la Unidad de Trabajo Legislativo de Ramírez, Katherine Rivera Bohórquez, fue su enlace con el DPS y la empresa Proyecta Quindío. La mujer habría coordinado con funcionarios del DPS y Proyecta Quindío la adjudicación de 15 contratos en el Tolima, 11 de los cuales se firmaron de manera directa por $9.376 millones.
El contratista Ánderson González recibió, presuntamente, información anticipada sobre el presupuesto, fechas de publicación de las licitaciones y condiciones exigidas en los procesos de selección, de tal manera que ajustó sus propuestas para ser el ganador, indicó la Fiscalía.