“El campo requiere infraestructura de desarrollo, especialmente en lo que es riego y condiciones para poder mejorar la productividad y competitividad. El riego, las ordeñadoras mecánicas y cualquier tipo de innovación que se pretenda llevar a la ruralidad, sin excepción, requieren energía eléctrica. Sin embargo, Colombia paga por este servicio tarifas en algunos casos del 40% y 60% más altas que los países del entorno. Así es muy difícil competir en un mercado abierto”.

Así lo manifestó José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, al referirse a alto costo que los usuarios pagan por el suministro del mencionado servicio en el país.

El dirigente plantea que en esta materia se dan una serie de inequidades. “Las tarifas de energía eléctrica cobradas en áreas rurales no son diferenciales respecto a las urbanas y no consultan la realidad de la producción agropecuaria ni la pobreza del entorno rural”.

Del mismo modo indica que el país es un gran productor y exportador de energía eléctrica; sin embargo, el 23% de las viviendas rurales no cuenta con dicho servicio.

Igualmente que “las enormes asimetrías (precios, rentabilidad, costos de producción y condiciones climáticas, entre otras) y las limitaciones del entorno (conflicto armado, inequidad y pobreza) encarecen el servicio en las zonas rurales".

Agrega que la calidad y continuidad del servicio es inferior al de las ciudades, lo cual lo hace relativamente más costoso.

Soluciones

Lafaurie propone corregir estos aspectos a partir del cumplimiento de la ley y dentro de la condición de integralidad del desarrollo rural. “Establecer tarifas más bajas aplicables al sector rural e incluso diferenciales por categorías de usuarios, acordes con el uso de la tierra, el desarrollo de sistemas sostenibles, su condición socio-económica y su ubicación en zonas de mayor vulnerabilidad a la violencia”.

Indicó que es necesario que se incorpore el mejoramiento en la calidad, de tal manera que el sector pueda contar con un fluido regular, el control a los saltos de voltaje y un régimen indemnizatorio por daños ocasionados por las deficiencias en la prestación del servicio.

“Aplicar exclusiones dentro de los parámetros de estratificación, del consumo de equipos e instalaciones dedicadas a agregar valor al producto primario, sin que se trate de procesos típicamente industriales. Es el caso de los tanques de frío de los productores de leche o bombas de riego indispensables para diferentes actividades agropecuarias”, sugirió.

A la vez, crear una línea de crédito con ICR para el desarrollo de energías alternativas en el sector rural, como la solar y la eólica. Y tener en cuenta que para generar competitividad, el precio de la energía eléctrica rural debe ser como máximo igual a la que se paga en Estados Unidos.

Los productores

En el mismo sentido se expresó Marcela González, gerente de la Hacienda Albania de Lácteos Jersey, ubicada en la Sabana de Bogotá, quien dijo que “las tarifas han subido permanentemente. Por el uso de una bomba de agua eléctrica en el año 2016 se pagaba un millón $300 mil; en el 2017 subió a dos millones $400 mil y en 2018 ya va en $3 millones”, indicó.

Jesús Vásquez Murillo, de la ganadería El Danubio en la región, quien produce 500 litros de leche diarios y tiene un tanque de frío para su producción, dijo que “el servicio de energía es interrumpido varias veces a la semana y que el costo de ésta se ha incrementado en 135%. Esto debido a que la empresa que suministra el servicio consideró que el sector es comercial, pero no lo es”. Con esas cifras el costo de la energía destruye la competitividad del campo.

“En pleno escenario de globalización deberíamos tener claro que se deben resolver estos problemas para ser competitivos”, puntualizó Vásquez Murillo.