EL PLAN Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia: Potencia Mundial de la Vida” contempló entre sus líneas de estrategias para el sector dos acciones que se relacionan con reformas al marco normativo y regulatorio de la educación en Colombia.
Primero, por efectos del artículo 363 de la Ley 2294 de 2023 se dio continuidad a la Comisión de Alto Nivel a través de la cual se presentará la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP). Esto corresponde a los recursos que el Gobierno Nacional debe transferir a las entidades territoriales para la financiación de necesidades básicas en educación, salud y agua potable, así como también al saneamiento básico.
Asimismo, el Gobierno anunció cambios en la reforma integral y participativa a la Ley 30 de 1992 de acuerdo con lo advertido en el artículo 122, que organiza el servicio público de la educación superior.
En este sentido, Andrea Escobar, directora ejecutiva de la Fundación Empresarios por la Educación (FExE); explicó a EL NUEVO SIGLO que a partir del diagnóstico que hizo la organización en su publicación “Repensar la Educación” determinaron tres objetivos básicos que debe cumplir el sistema educativo.
Contemplaciones
La Directora Ejecutiva indicó que en primer lugar la reforma debería considerar una reducción de la volatilidad en el crecimiento de las transferencias que se encuentran atadas al comportamiento de los ingresos del país.
“Aunque actualmente la coyuntura es favorable debido al mayor recaudo tributario, en 2022 a raíz del deterioro de los ingresos durante la pandemia observamos una disminución de las transferencias en términos reales”, indicó.
En segundo lugar, señaló Andrea Escobar, la reforma debería explorar fuentes de financiamiento adicionales como los recursos propios de las Entidades Territoriales Certificadas en Educación (ETC).
“Finalmente, la reforma debería buscar la separación de los dos grandes componentes de las transferencias del SGP en educación correspondientes a prestación del servicio y gratuidad, lo que permitiría garantizar la asignación de recursos con base en resultados educativos y en las necesidades de las ETC”, sostuvo.
Correcciones
Andrea Escobar, directora de la Fundación explicó que, a partir del diagnóstico de eficiencia de la educación, observaron que una de las asignaciones del componente de prestación de servicios llamado el complemento ha venido creciendo en los últimos años.
Este consiste en una asignación adicional cuando existe insuficiencia de recursos en las ETC, lo cual puede convertirse en un desincentivo a la eficiencia en el uso de los recursos y puede ser el resultado de una subestimación del gasto de estas.
“Otro elemento que nos preocupa es que observamos una relación positiva entre los resultados en las pruebas Saber 11 de las ETC y sus resultados en el Índice de Desempeño Fiscal, al mismo tiempo que observamos una relación nula entre los resultados en las pruebas Saber 11 y el gasto por estudiante, lo que apunta a una asociación más fuerte de los resultados educativos con el uso de los recursos, que con su cantidad”, manifestó.
Bajo esta premisa, la FExE propone que se elimine de forma progresiva la asignación mediante el complemento rediseñando la fórmula de asignación del gasto, de manera que se parta desde las necesidades de los establecimientos educativos, para reducir la subestimación del gasto.
Con respecto a la reforma a la Ley 30 de 1992, Escobar sostuvo que es recomendable que se pueda avanzar, como mínimo, en una reforma a los artículos 86 y 87, por el cual se determina los mecanismos de financiamiento a la educación superior, partiendo de una revisión integral de las fuentes y los usos de los recursos destinados a la educación superior, de tal forma que se pueda garantizar la suficiencia de recursos para las instituciones de educación superior universitarias, técnicas y tecnológicas bajo criterios de asignación ligados a criterios de calidad y pertinencia.
Panorama
Según explicó la experta, en términos de acceso, para el año 2021 se tenían aproximadamente 9,8 millones de estudiantes, de los cuales el 80% se encuentra matriculado en el sector oficial.
El 50% de la matrícula son mujeres y el 2% son estudiantes con necesidades especiales. Además, el 6% corresponde a migrantes provenientes de Venezuela. Para este mismo año, la tasa de cobertura neta alcanzó un 92%, igual que para el año 2020. Esta tasa indica el porcentaje de estudiantes que están en el grado en el que deberían estar según su edad, por lo que esta cifra implica que hay un 8% de estudiantes que desertan del sistema, reprueban o repiten el grado escolar.
En cuanto a resultados en las pruebas Saber 11, que es uno de los principales indicadores de calidad, el puntaje global en el 2022 es comparable con el obtenido en el 2018, que es el más alto obtenido desde ese año hasta la actualidad. Esto señala una recuperación después de la pandemia, cuyos puntajes se encontraron 1,8 puntos por debajo del actual en el 2020 y 3,8 puntos por debajo en el 2021, respecto al obtenido en 2022.
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Propuestas
Bajo esta premisa, la FExE propuso fortalecer los modelos de educación flexible y la adecuación de espacios de aprendizaje de bajo costo y rápida implementación; ampliar los programas de transferencias monetarias condicionadas a la asistencia escolar; la creación de estrategias que promuevan que los mejores docentes puedan llegar a los colegios con los peores desempeños y de esa forma disminuir las brechas.
También se contemplan estrategias orientadas a mejorar la calidad docente en general, como la construcción de un Sistema Único de Desarrollo Profesional Docente (SUDPD), y otras estrategias complementarias sobre evaluación docente, liderazgo educativo, y formación previa.
“Adicionalmente a las estrategias mencionadas, en Repensar la Educación proponemos otras estrategias que pueden impactar la calidad educativa desde el financiamiento del sistema, la innovación educativa y el uso de nuevas tecnologías en el aula de clase, entre otras”, aseveró Escobar.
¿Cómo mejorar la calidad de los docentes?
Repensar la Educación plantea abordar la calidad educador desde la construcción de un sistema de desarrollo profesoral docente, que incluya un proceso de atracción de los estudiantes más talentosos a la profesión, lo que requiere desconcentrar la oferta de programas de alta calidad, crear incentivos para los bachilleres con buen desempeño en Saber 11 que deseen estudiar licenciaturas y facilitar las condiciones de ingreso y ascenso en la carrera para los estudiantes con mejores desempeños en Saber PRO.
Asimismo, fortalecer la formación previa al servicio a través de acciones como utilizar la medida de valor agregado como indicador de la calidad de los programas, acompañar a las Instituciones Educativas de Educación Superior para realizar transformaciones curriculares pertinentes en los programas, hacer obligatorias las acreditaciones de alta calidad, y generar redes de mentoría entre profesores con experiencia y nóveles con acompañamiento situado.
Además, fortalecer la formación durante el servicio, para lo cual se requiere robustecer las trayectorias de formación generar una oferta de programas diferenciada y diversificada, brindar estrategias de apoyo socioemocional, evaluar la efectividad e impacto de la formación y alinear la formación con esquemas de incentivos.
Inteligencia artificial
La discusión sobre el posible rol que pueda jugar la inteligencia artificial es impostergable, según afirmó la experta, aun cuando el país todavía enfrenta retos significativos en áreas que países con mayores niveles de desarrollo ya solucionaron en mayor o menor medida, tales como el acceso, la cobertura y la eficiencia.
“No debemos mirar la aparición de la inteligencia artificial como un enemigo, sino como un posible campo de estudio, herramienta de uso, posibilitador de nuevas estrategias para el aprendizaje y generador de nuevas preguntas para la investigación educativa”, concluyó.