Tras la crisis humanitaria que se vive en la región del Catatumbo, la Instancia de Alto Nivel (IAN) del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP) se reunió de manera extraordinaria, lo que se tradujo en cuatro acuerdos para acelerar la respuesta a las alertas tempranas y la ejecución de un plan de seguridad y protección.
En este espacio de alto nivel, presidido por la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas, también se acordó hacer seguimiento al cumplimiento de órdenes judiciales y establecer mecanismos de verificación de las acciones tomadas por la Instancia.
La activación de esta instancia es fundamental para el cumplimiento de los procesos asociados a las garantías de seguridad establecidas en el Acuerdo de Paz, y dentro de sus responsabilidades está coordinar y dar impulso a la efectiva implementación de las diferentes instancias.
Durante la sesión extraordinaria, se estableció que entre el 16 de enero y el 10 de febrero, la Gobernación de Norte de Santander ha registrado:
- Homicidio de 56 personas, de ellas, seis firmantes del Acuerdo de Paz y dos líderes sociales.
- Desaparición forzada de nueve firmantes, especialmente en los municipios de Teorama y Tibú.
- 54.098 personas desplazadas y 32.448 confinadas en medio de las hostilidades.
- 177 firmantes del Acuerdo de Paz desplazados, según la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).
Al respecto, el secretario de Gobierno de Norte de Santander, Yonny Peñaranda, expresó que:
"Se debe garantizar el retorno seguro de las personas desplazadas por la violencia en el Catatumbo. Es un derecho fundamental que debe ser respetado y protegido por el Estado colombiano. Esperamos que la respuesta del gobierno sea rápida y efectiva para garantizar el restablecimiento de la paz".
Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín, presentó un informe sobre la situación en el Catatumbo, así como algunas recomendaciones, entre ellas, que se requieren medidas desde la seguridad humana y garantías de no repetición.
"La acción militar de control territorial es solo una parte", expresó, y agregó que las alertas tempranas deben priorizarse y que es necesaria una aceleración de las acciones de la Política de Desmantelamiento, así como la concreción del Plan Estratégico de Seguridad y Protección en la región de El Catatumbo.
Cuatro acuerdos para atender la crisis en el Catatumbo
- Ejecución del Plan Estratégico de Seguridad y Protección (PESP), aprobado recientemente en la Mesa Técnica de Seguridad y Protección.
- Generar un canal directo de comunicación entre la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT) y la Instancia de Alto Nivel, que permita atender las alertas tempranas de forma preventiva.
- Activación y articulación del comité de impulso de las investigaciones desde el SISEP, para apoyar las actividades de la Fiscalía que, por razones de seguridad o logística, no ha podido desarrollar.
- Revisión de propuestas y recomendaciones de la Gobernación de Norte de Santander, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Kroc y la Misión de Verificación de la ONU, con el fin de establecer una ruta para su cumplimiento.
Participantes de la sesión extraordinaria
Como invitados permanentes a la IAN asistieron delegados del Partido Comunes, de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia y de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz.
Además, en la sesión extraordinaria participaron:
- Defensora del Pueblo, Iris Marín.
- Representantes de la CSIVI (Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final).
- Delegados de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y de la Unidad para las Víctimas.
- Representantes del Instituto Kroc.