La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos a 23 empresas y 21 personas naturales por su presunta participación en un cartel o carrusel de contratación en al menos 101 procesos con entidades del Estado entre 2014 y 2017. Con las prácticas bajo investigación, el afectado habría sido el Estado, que terminó pagando costos injustificadamente a altos funcionarios por contratos viciados con prácticas anticompetitivas.
La Superintendencia explicó que las restricciones a la competencia habrían consistido en ofertas que el proponente que quisiera ganar el contrato hacía a sus supuestos contendores, mediante el pago de una suma de dinero, que se habría materializado luego a través de cuentas de cobro fachadas por supuestos servicios de transporte prestados entre los involucrados.
Proponentes
Según la SIC, los proponentes vinculados a la práctica anticompetitiva formulaban ofertas muy cercanas al presupuesto previsto por la entidad estatal contratante, con el fin de asegurar la adjudicación del contrato al mayor precio posible en favor del proponente. Así, los supuestos competidores en el proceso se habrían abstenido de mejorar su oferta con el costo más económico.
De acuerdo con la SIC, “el sistema descrito, entonces, habría logrado que el Estado pagara más por los mismos productos y servicios y que, además, ese sobreprecio fuera repartido entre todos los proponentes involucrados en la colusión o cartelización. Se trata de una práctica que perjudica a todos los colombianos (recursos públicos) sólo para beneficiar a los pocos empresarios que participaron con presunta ilegalidad en los procesos de selección afectados”.
Los procesos de selección del Estado en los que el sistema colusorio o cartelista se ejecutó, tenían un presupuesto asignado total de más $73.000 millones. Entre los objetos de los contratos estaba el suministro de materiales de construcción y ferretería, pinturas, material de alumbrado, así como didáctico y de formación profesional, para entidades como la Fiscalía, la Policía y el Inpec, entre otras.
La denuncia por la que se inició la investigación provino de la Fiscalía General de la Nación. La pesquisa adelantada por la Superindustria no involucra la conducta de ningún funcionario público, aclaró la entidad.
Por las prácticas investigadas, la SIC puede imponer multas a los agentes de mercado equivalentes a más de 78.000 millones de pesos por cada infracción y a las personas naturales vinculadas con los agentes del mercado, más de 1.500 millones de pesos.