La Contraloría General de la República concluyó una Auditoría de Cumplimiento al Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Turismo – FONTUR, donde se establecieron 6 hallazgos fiscales por $2.312 millones, uno de los cuales (en cuantía de $1.684 millones) corresponde al proyecto de construcción de senderos turísticos en Caño Cristales, en el municipio de La Macarena, conocido como “el río más hermoso del mundo”.
Este proyecto, que permitió la construcción de puentes de madera y el mejoramiento de los senderos ecoturísticos, entre otras obras, se ejecutó en el marco del Convenio FNTC-264-2016, por $4.000 millones, suscrito el 22 de diciembre de 2016 entre los cooperantes CORMACARENA y Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNN (que aportaron los predios) y el Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Turismo - FONTUR (que suministró los recursos económicos).
La CGR encontró una serie de irregularidades que impactan a la comunidad, el turismo y el medio ambiente.
A pesar de que el Contrato de Obra FNTC-077-2017 tuvo un valor final de $3.497.604.792 y fue supuestamente recibido a satisfacción en mayo de 2020, a través de la Auditoria de Cumplimiento realizada por un equipo de funcionarios de la Contraloría Delegada para el Sector Comercio y Desarrollo Regional, se determinó que las obras no fueron aceptadas por los cooperantes debido a falencias constructivas y problemas de inestabilidad.
¿Qué sucedió realmente en el emblemático proyecto?
Durante la ejecución del contrato, un incendio causado por grupos armados ilegales, en mayo de 2018, paralizó las obras, extendiendo el plazo inicial de 11 meses a 16 meses y 15 días. Aunque el contrato fue finalizado en enero de 2019, la CGR evidenció que, desde entonces, las infraestructuras fueron entregadas a FONTUR sin recibir los tratamientos necesarios, lo que ha llevado a un avanzado deterioro.
El informe del organismo de control revela graves problemas en la calidad de las obras, inestabilidad estructural, incumplimiento de la normatividad vigente, y un desajuste en la cantidad de obra ejecutada respecto a lo pagado. Además, se cuestiona la ubicación de puentes en zonas no recomendadas por estudios hidrológicos.
La madera, material principal en la construcción, ha sufrido un deterioro acelerado debido a la falta de mantenimiento, poniendo en riesgo la estabilidad de las estructuras.
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Señala la CGR que las afectaciones estructurales son evidentes en todos los puentes, incluso los de menor longitud, comprometiendo la seguridad a largo plazo.
El contrato de interventoría FNTC-082-2017, que debía asegurar la calidad de la obra, ha sido cuestionado, ya que no se encontraron evidencias de requerimientos por parte del interventor al contratista sobre las deficiencias observadas. La entrega virtual de las obras durante la pandemia, sin verificación presencial, también genera dudas sobre la calidad de la recepción.
Posible detrimento patrimonial y traslado a otras instancias
Ante estas revelaciones, se estima un posible detrimento patrimonial por valor de $1.684.892.644, desglosado en obras con deficiencias y en incumplimientos del contrato de interventoría. Además, se anuncia traslado a la Procuraduría, para una posible acción disciplinaria, y al Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA).
Para la CGR, este asunto no solo tiene implicaciones ambientales, sino que también pone en entredicho la transparencia en la ejecución de proyectos de gran envergadura en reservas naturales, un tema crucial en la actualidad.
En este contexto, la ejecución de proyectos no solo es un requisito ambiental, sino también un elemento clave para construir la confianza pública y fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones que permiten crear una infraestructura sostenible para el fomento del ecoturismo en la Colombia profunda y que garanticen un trabajo digno para las comunidades apartadas-