LUEGO DE que se conocieran las denuncias de la presunta violencia sexual a cuatro menores de la comunidad Emberá que se asentó en Bogotá, la administración Distrital expresó su rechazo categóricamente por medio de un comunicado. Los hechos fueron denunciados entre el 27 y el 30 de junio.

Desde el primer momento, diversas entidades del distrito, como la Secretaría de Salud, la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, Integración Social y la Secretaría de Gobierno, activaron la ruta de atención integral para proteger a las menores afectadas. La Policía Metropolitana de Bogotá, a través de su Unidad Especial de Infancia y Adolescencia, ha realizado el acompañamiento respectivo, logrando la detención de uno de los presuntos agresores para proceder con su individualización y judicialización. Mientras tanto, los familiares de las menores han interpuesto las denuncias correspondientes para que se inicie la investigación pertinente.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, subrayó la importancia de garantizar y promover los derechos de la niñez, las mujeres y las víctimas del conflicto armado del pueblo Emberá en la ciudad.

Para ello indicó que la Secretaría de Seguridad, Mujer, Salud, Educación, Gobierno, Integración Social, Desarrollo Económico y la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, ofrecieron servicios de atención en salud y educación, atención a la niñez y primera infancia, y ayuda humanitaria para la comunidad Emberá desde su llegada a la ciudad. Además, se han adelantado diálogos con líderes y entidades del distrito y de la Nación para buscar soluciones duraderas a través del acompañamiento al retorno, la reubicación y la integración local de la población Emberá.

De igual manera, señalaron que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha verificado los derechos de una niña de 11 años y una adolescente de 14 años, pertenecientes a la comunidad Emberá, presuntas víctimas de violencia sexual en la UPI La Florida, Cundinamarca. El ICBF designó un equipo profesional que activó la ruta de verificación de derechos y ha proporcionado atención en salud, ubicando a las menores en la modalidad de hogar sustituto.

Así las cosas, tanto la administración distrital como el ICBF hicieron un llamado a la comunidad para que denuncie cualquier situación que ponga en peligro la vida o la integridad de niñas, niños y adolescentes a través de la línea 141.

Sumado a ello, el distrito ha sido enfático en que no tolerará vulneraciones a los derechos de menores y tomará acciones contundentes dentro del marco de la justicia ordinaria para garantizar que Bogotá sea un territorio seguro donde los menores puedan desarrollar sus proyectos de vida en paz y con dignidad.

Cabe mencionar que, en días anteriores a estos, EL NUEVO SIGLO habló con Gustavo Quintero, secretario de gobierno de Bogotá, sobre la crisis que enfrenta la ciudad con las comunidades Emberá que llevan asentadas en la misma más de ocho meses.

El jefe de la cartera distrital sostuvo que la petición que extendió “a los líderes de las comunidades Emberá, que nos ayuden, que nos permitan entrar en contacto con las personas, con las familias y con los niños. Si nosotros podemos estar pendientes, seguro, vamos a poder salvar las vidas, pero depende de ellos también”.

Quintero también se refirió al posible regreso a sus lugares de origen de los indígenas: “en lo que estamos es en la construcción de un proceso de retorno. Sabemos que el retorno no es la solución definitiva, pero hace parte de un set de soluciones, en donde lo que vamos a lograr, es poder levantar lo que está sucediendo en el Parque Nacional y poder realizar o diseñar una nueva estrategia desde el Distrito que parta de algo que es fundamental entender, y es que los Emberá siempre van a venir a Bogotá, y frente a eso, tenemos que construir un modelo que sea acorde a esa situación”.