El Observatorio de Conflictividad Social de la Defensoría del Pueblo, registró 87 conflictos sociales entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre, en Bogotá y 53 municipios del país.
Los principales conflictos fueron por condiciones laborales (20%), fallas en la prestación de servicios públicos domiciliarios (20%), derecho a la vida, la libertad y la integridad (14%), derecho a la educación (14%), por presencia e inversión estatal (7%), por múltiples derechos (6%) y por transporte (5%), ente otros, que cada uno suma entre el 1 y el 3%.
El reporte también indica que los conflictos se dieron a través de bloqueos o cortes de ruta (46%), plantones y concentraciones (33%), marchas/movilizaciones (10%), otros (2%), paros/ceses de actividades (3%), disturbios (2%), asambleas permanentes y medidas con riesgo a la integridad de los manifestantes con 1% cada uno.
En cuanto a las advertencias identificadas por la Defensoría del Pueblo se hace referencia a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) del Cauca, que ya había expresado su descontento con el decreto que reconoce el mandato de la Autoridad Territorial Económica y Ambiental (ATEA) debido al riesgo de que esto pueda generar conflictos entre comunidades indígenas y campesinas.
Por otro lado, esta semana en el departamento de Chocó, las asociaciones mineras Asomacho y Fedemichocó se declararon en cese de actividades y realizaron un plantón para exigir la formalización y la reactivación de la mesa minera. En su comunicado, señalaron que reactivaban el paro suspendido en marzo del presente año, al no sentirse incluidas en el acuerdo alcanzado en el Bajo Cauca.
En este contexto, y con el fin de prevenir una posible escalada del conflicto, la Defensoría del Pueblo solicitó la reactivación de los espacios de diálogo existentes con estas comunidades.
A esto se suma la convocatoria de los docentes de Antioquia y Quindío para protestar el próximo 6 de noviembre debido a las fallas en la prestación del servicio de salud. Cabe mencionar que, aunque estas protestas han sido aisladas, vienen siendo reiterativas en diversas zonas del país, lo que exige la atención de las autoridades competentes no solo para prevenir el escalamiento, sino también para garantizar el derecho a la salud de los maestros.