Una prórroga hasta el 25 de mayo concedió el Gobierno nacional para adjudicar la alianza público privada (APP) que se encargará del proceso de rescate del galeón San José, hallado en las profundidades del mar Caribe.

Voceros del Ministerio de Cultura hicieron algunas aclaraciones al tema, señalando que el presidente Juan Manuel Santos no ha elegido a ninguna empresa y que tampoco es a él a quien le corresponde su elección.

De acuerdo con los voceros consultados por EL NUEVO SIGLO, el Estado colombiano cuenta con una propuesta conforme a lo dispuesto en la ley 1675 de 2013 que regula lo relativo al patrimonio cultural sumergido y a la ley 1508 de 2012 y sus decretos reglamentarios, que establece el régimen jurídico de las asociaciones público privadas. Quien se denomina originador o proponente es quien manifiesta una oferta que queda sujeta a que se cumplan todas las exigencias contenidas en las referidas normas.

Propuesta

La propuesta recibida se encuentra divulgada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) y cualquier entidad o gobierno interesado en participar en el proceso científico en torno al galeón San José, puede hacerlo con la condición de que mejore la propuesta recibida.

Se trata de un proceso público y abierto, que admite otros oferentes, precisó la fuente, señalando que la realidad no coincide con las afirmaciones que se han venido desarrollando de que la empresa originadora no cuenta con la experiencia, capacidad financiera y técnica para desarrollar la propuesta presentada.

A lo que se refiere un vocero del Ministerio es lo publicado por el rotativo madrileño ABC, según el cual "la empresa está controlada desde las Islas Caimán a donde se transfirió la mayor parte de las acciones (abril 2016) con destino a una empresa situada en ese paraíso llamada Trans Siberian Limited, tras la que el rastro desaparece. La persona que recepcionó las acciones se llama Melanie Smith".

En el Ministerio aclaran que la empresa fue originalmente constituida como Pacific Ocean Enterprise Limited (18 de abril de 2012) y luego transformada a Maritime Archaeology Consultans Limited el 11 de noviembre de 2013. “Esta es una compañía inglesa que nos reporta sus certificados debidamente apostillados y con traducción oficial”, anotó el vocero de la cartera de Cultura, agregando que en 2016 crean la Compañía Maritime Archaeology Consultans Switzerland AG a quien le ceden los derechos como originador de la propuesta mediante acto de cesión del 30 de marzo de 2016, el cual es acreditado por el Ministerio de Cultura el 26 de abril de 2016.

“El 15 de junio de 2017”, prosiguió el vocero del Ministerio, “el señor Ross Kevin Hyett, representante legal de la compañía originadora, declara bajo la gravedad del juramento, que las personas naturales o jurídicas que a título personal o directo serán beneficiadas en caso de resultar adjudicatario del futuro contrato de concesión son las siguientes, en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 23 de la ley 1508 de 2012:

Accionistas: Anthony Peter Clake; Ross Kevin Hyett; Directivos, Administradores y/o representantes legales; Ross Kevin Hyett; Oliver Plunkett; Jacques Michel Suter”.

Blindado

Se señaló de la misma manera, por parte del Ministerio, que “el contrato para el San José nació blindado por el documento firmado por Mariana Garcés en el 2015 que dice que, como MAC ha asumido el riesgo inicial; en el preacuerdo ya le correspondía el 20% de todos los objetos en oro, lingotes, piedras preciosas y otros bienes a las que se extirparía su condición de patrimonio nacional. Y en caso de que fuera otra compañía elegida para explotación comercial del galeón habría que indemnizarles con 6,7 millones de dólares. ¿Quién podría competir así con el originador?".

También aclaró que solamente puede ser objeto de pago con bienes que sean declarados por el Consejo Nacional de Patrimonio como no patrimoniales, de conformidad con los criterios que establece esa misma ley. “Recordemos que además de la ley de patrimonio sumergido, las Altas Cortes -Suprema de Justicia, Constitucional y Consejo de Estado- han manifestado en sus diferentes fallos que no todo lo sumergido constituye patrimonio de la Nación”, expresó.

De conformidad con la ley colombiana es el Consejo Nacional de Patrimonio quien califica si los objetos hallados se consideran patrimonio. Esa calificación no le corresponde al ministro de Cultura ni a ningún funcionario. Es facultad exclusiva del Consejo Nacional de Patrimonio y procede cuando se pueda verificar lo hallado, no antes.

Una vez terminado todo el proceso de rescate por parte de la empresa que resulte con la adjudicación, se deberá construir un museo en Cartagena de 18.000 metros cuadrados, similar al Museo Nacional.