La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana (AT) 027 de 2024 para Cúcuta, Puerto Santander, Villa del Rosario y Los Patios, en el departamento de Norte de Santander, a fin de advertir la grave situación de riesgo que enfrentan las comunidades a causa del accionar del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y las múltiples bandas de criminalidad organizada que delinquen en la ciudad capital y los tres municipios.

“Con la Alerta Temprana queremos llamar la atención de la institucionalidad gubernamental, pues da cuenta de que esos grupos ejercen control territorial y violencia mediante desplazamientos forzados, amenazas, homicidios selectivos, extorsiones y reclutamiento de menores de edad, afectando de manera directa la vida de miles de personas”, indicó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.

El ELN ha consolidado su presencia en las zonas rurales de Cúcuta y Puerto Santander, mientras que el EGC ha extendido su actuar criminal hacia áreas urbanas, generando temor y desestabilización social. Paralelamente, las bandas el ‘Tren de Aragua’, ‘AK-47’ y ‘Los del Norte’ se han fortalecido en el departamento, controlando el microtráfico, la trata de personas y el tráfico de migrantes y aprovechando los pasos fronterizos como corredores estratégicos para sus intenciones ilícitas.

“Esta situación afecta particularmente a personas defensoras de derechos humanos, lideresas y líderes sociales, comerciantes, población migrante, jóvenes, mujeres, como también a integrantes de comunidades vulnerables que enfrentan un alto riesgo de victimización”, manifestó la Defensora del Pueblo.

La AT señala que los altos niveles de pobreza, la falta de acceso a servicios básicos y las precarias oportunidades laborales en las zonas periféricas son factores que exacerban el impacto de las dinámicas violentas ejercidas por los grupos al margen de la ley. Además, el número de personas en situación de calle se ha duplicado desde el 2021, lo cual ha incrementado su exposición a las redes de criminalidad. En este contexto, las niñas, niños y adolescentes, especialmente de la comunidad indígena Yukpa, están siendo explotados para actividades ilegales, lo que refleja una grave crisis humanitaria.

En respuesta al preocupante panorama, la Defensora Iris Marín Ortiz, como llamado urgente, les solicita a los gobiernos nacional, departamental y locales articular acciones concretas y efectivas que prioricen la protección de los derechos humanos en esa zona del país.

“Fundamental fortalecer la presencia institucional en los lugares más afectados por el accionar de los grupos armados no estatales y bandas criminales, garantizar la atención humanitaria a las comunidades vulnerables y promover estrategias de prevención que permitan mitigar los riesgos que enfrentan miles de personas en Norte de Santander”, llamó Iris Marín Ortiz.

La Defensoría del Pueblo presentó, a través de su AT 027 de 2024, 39 recomendaciones divididas en seis ejes estratégicos que incluyen coordinación de la respuesta rápida, disuasión del contexto de amenaza, prevención y protección urgentes, atención humanitaria integral e investigación y fortalecimiento del acceso a la justicia. Las medidas buscan mitigar el riesgo inmediato y abordar las causas estructurales que alimentan la crisis que padecen la capital Cúcuta y su Área Metropolitana; el ejercicio pleno de los derechos humanos debe ser salvaguardado.

“La acción inmediata y coordinada de los entes gubernamentales es determinante para frenar lo que está ocurriendo y construir un entorno seguro y digno para las poblaciones ahora mismo perjudicadas”, remarcó la Defensora del Pueblo.