Son 61.137 millones de pesos los que tendrá que pagar la exsecretaria de Educación del Distrito de Buenaventura, Yolanda Amu, por el reporte en 2011 de 40.598  estudiantes inexistentes al Sistema Integrado de Matrícula SIMAT del Ministerio de Educación Nacional, durante la administración del exalcalde José Félix Ocoró.

A través de un comunicado, la Contraloría General de la República informó que la irregularidad llevó a que el Ministerio le girara al Distrito de Buenaventura recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) correspondientes a 111.596 niños matriculados, cuando en realidad el número real para esa fecha era sólo de 70.998 niños.

Es decir, el reporte en la vigencia de 2011 de 40.598 estudiantes inexistentes llevó a hacer un desembolso injustificado a favor del Distrito de más de 48.000 millones de pesos, que es el daño patrimonial que se da en este caso. Cifra que al ser debidamente indexada arroja una condenada fiscal por 61.137 millones de pesos.

El alcalde Ocoró, que ejerció este cargo desde el 1 de enero de 2008 hasta el 18 de octubre de 2011 y contra quien ya existían dos sanciones anteriores de la Contraloría, no fue declarado responsable fiscal porque en las entidades territoriales certificadas, como es el caso del Distrito de Buenaventura, el responsable de la matrícula es el Secretario de Educación y no el Alcalde, a diferencia de lo que ocurre con los municipios no certificados.

Igual el exalcalde Ocoró estuvo vinculado a este proceso de Responsabilidad Fiscal en calidad de presunto responsable, como lo estuvieron también los secretarios de Educación, Carlos Augusto Cadavid y Clemente Viáfara.

Inconsistencias sin justificación

En su decisión, la Contraloría, a través de su Gerencia Departamental en el Valle del Cauca, condenó a Amu en su calidad de funcionaria responsable del proceso de reporte y verificación de la información al Ministerio de Educación, al considerar que su conducta llevó al giro excesivo e injustificado de recursos a favor del Distrito de Buenaventura.

Las inconsistencias que se presentaron en el manejo de los recursos recibidos de parte del Ministerio de Educación no pudieron ser justificadas ni aclaradas por Amu, quien a la postré terminó igualmente inhabilitada por la Procuraduría General de la Nación para ejercer función pública durante once años.

Para la Contraloría es claro que los recursos girados en exceso al Distrito de Buenaventura podrían haberse destinado a financiar los servicios educativos de otros municipios.

De conformidad con las orientaciones que para tal fin determina el Ministerio de Educación Nacional, el Distrito debe contar con información actualizada del sector educativo, que requiere mantener al día de conformidad con las orientaciones que para tal fin determina el Ministerio de Educación Nacional.

Por tanto, la Alcaldía de Buenaventura, a través de su Secretaría de Educación, debía realizar la proyección de cupos de matrícula y el reporte de los estudiantes existentes al Ministerio de Educación, para poder contar con una base real que permitiera el cálculo de los alumnos y la capacidad financiera para atenderlos, procedimiento que fue abiertamente incumplido por la entonces Secretaria Distrital de Educación.

No se reportó ninguna deficiencia

Con respecto a las presuntas deficiencias del SIMAT y del Directorio Único de Establecimientos Educativos (DUE), la Contraloría pudo establecer que no existe registro alguno de gestiones de la entonces Secretaria de Educación, ante el Ministerio de Educación Nacional, para reportar las supuestas fallas, ni de acciones que den cuenta de lo realizado como contingencia frente a dicha evidente diferencia en el número de niños reportados.

La Secretaría de Educación no sólo tenía la opción de remitir, actualizar y depurar la información por el SIMAT, sino que tenía la opción de remitirla por otros medios de información, cuando el aplicativo presentara fallas o intermitencia.

Era deber de la entonces Secretaria de Educación, informar sobre esta situación irregular y en todo caso remitir la información de matrícula, debidamente actualizada, acudiendo incluso a otros medios para evitar lo que a la postre terminó sucediendo, que fue sobredimensionar la matrícula del Distrito con alumnos a los que no se les prestó nunca servicio educativo alguno; lo que conllevó a que el Ministerio de Educación girara recursos de más, por las deficiencias de la información reportada.