En una audiencia ante el Juzgado 35 de control de garantías de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación formalizó los cargos de soborno a testigos y fraude procesal contra Enrique Pardo Hasche y Samuel Sánchez. Estas acusaciones surgen en el contexto del proceso que sigue al expresidente Álvaro Uribe por los mismos delitos.

La Fiscalía presentó evidencia que sugiere que Pardo y Sánchez, en colaboración con otros actores, habrían intentado influir en los testimonios de Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez, exparamilitares vinculados al caso Uribe, para beneficiar al exmandatario.

Según el fiscal Daniel Hernández, Enrique Pardo Hasche, quien se encontraba en prisión en el momento de los hechos, habría ejercido presión desde la cárcel sobre Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en el caso Uribe, para que modificara su testimonio a favor del exmandatario a cambio de beneficios gestionados por el abogado Diego Cadena, sugiriendo que se retractara de sus acusaciones contra Uribe a cambio de beneficios gestionados por el abogado Diego Cadena, quien también enfrenta cargos por soborno y fraude.

Se mencionan prebendas como la revisión de su caso por la JEP y mejoras en su situación carcelaria.Asimismo, Samuel Sánchez, abogado de un exparamilitar, habría participado en la dirección de documentos que tergiversaban la realidad ante la Corte Suprema.

"Las presiones que ejercía el señor Pardo Hasche desde el interior de la celda del señor Juan Guillermo Monsalve se basaron en el sentido de decirle que se aliara al ‘mejor bando posible’, ‘que Álvaro Uribe era dios en la tierra’", destacó el fiscal del caso, Daniel Hernández.

Estos hechos se enmarcan en las acusaciones contra Uribe por supuestos nexos con paramilitares, específicamente el Bloque Metro de las AUC. Pardo, conocido por su participación en las reuniones entre Monsalve y Cadena, y Sánchez, abogado de un exparamilitar, están señalados como elementos clave en la manipulación de testimonios.

Tanto Pardo como Sánchez han negado los cargos en su contra durante la audiencia. Si son hallados culpables, podrían enfrentar hasta 12 años de prisión. Este caso resalta la complejidad y la importancia de garantizar la integridad de los testimonios en procesos judiciales de alta relevancia política y social.