Ante el requerimiento de la Superintendencia Financiera de las decisiones que había tomado por la renuncia de 8 miembros de la Junta Directiva, las Empresas Públicas de Medellín (EPM) explicaron las razones y detalles sobre lo que aconteció en la reunión extraordinaria del martes pasado.

En medio de este panorama, los gremios de Antioquia criticaron las decisiones del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, de adelantar una conciliación por $9,9 billones con los contratistas y aseguradoras de Hidroituango y de su propuesta de cambiar el objeto social de la compañía. Al mismo tiempo, políticos de la región respaldaron la decisión del burgomaestre.

En su explicación a la Superfinanciera, EPM señala que “en la tarde del 11 de agosto de 2020, 8 miembros de la Junta Directiva de EPM presentaron ante el alcalde de la ciudad renuncia a su calidad de miembros de Junta Directiva, la cual fue aceptada. Lo anterior ocurrió luego de que fuera celebrada en horas de la mañana, una sesión de Junta extraordinaria, convocada a solicitud de los miembros de la Junta Directiva”.

Argumentos

Indica en su comunicado la EPM que se hizo un “análisis de las observaciones esbozadas y fundamentación de la Administración desde el punto de vista legal -legalidad de las actuaciones de la Administración-, a partir de la presentación de documentos y actas para evidenciar que, en lo atinente al proyecto de reforma al objeto social de la empresa, sí se habían presentado ante los miembros de junta las propuestas”.

Más adelante, la EPM explica que “se procedió a dar explicaciones sobre las razones por las cuales, según los estatutos de la entidad, la función de representar judicial y extrajudicialmente a la empresa recae en el Gerente General y por tal motivo, la decisión de presentar la solicitud de conciliación extrajudicial, relacionada con la contingencia del proyecto hidroeléctrico Ituango, no era de la Junta Directiva. También se procedió a explicar que era importante hacerlo por cuanto estaban próximos a cumplirse los términos que confiere la normativa procesal para presentar las reclamaciones, so pena de caducidad”.

Ante las decisiones que tomó el alcalde Quintero, el Comité Intergremial de Antioquia anunció que dará inicio “inmediatamente” a una veeduría cívica que “cuide celosamente los intereses de EPM”.

Mediante un comunicado difundido por sus canales oficiales, el Comité calificó la renuncia de los exmiembros de la Junta Directiva como “algo nunca antes visto en la ciudad” que “genera pérdida de credibilidad en el manejo de la empresa afectando gravemente su operación, la relación de la banca y los inversionistas, ocasionando problemas futuros que resultarán en nefastas consecuencias sociales y económicas que afectarán a millones de personas”.

Los políticos

De otra parte, varios congresistas anunciaron su respaldo a la acción judicial, encaminada a recuperar más de $9 billones que servirán para terminar la obra. El senador antioqueño, Juan Diego Gómez, afirmó que se debe velar por la protección de los recursos públicos. 

“Sobre la demanda que EPM ha planteado frente a los contratistas, diseñadores y aseguradores del proyecto Hidroituango, tenemos que decir que se trata del cuidado de los recursos públicos y es un asunto complejo a nivel nacional, porque es una demanda por más de $9 billones, una situación superior a lo que fue Reficar”, dijo.

Sobre la renuncia de los miembros de la junta directiva, el legislador conservador asegura que varios de ellos podrían haber incurrido en un conflicto de interés, teniendo en cuenta que muchas decisiones que habrían provocado el daño en el proyecto, se tomaron allí. 

“En el marco de ese acuerdo prejudicial que ha planteado el gerente de Empresas Públicas de Medellín, conociendo su trayectoria, su transparencia y su pulcritud, tenemos que decir, probablemente, algunos de los miembros de la Junta podrán estar incursos en un conflicto de intereses y ese es un asunto que se debe analizar de fondo”, añadió.

Por su parte, el senador Guillermo García Realpe, presidente de la Comisión Quinta, considera que esta demanda es más que justa por todos los peligros que representó la situación de Hidroituango.

“La demanda contra diseñadores, ejecutores, interventores y demás actores del proyecto eléctrico Hidroituango, se justifica por cuanto hubo serias fallas desde la estructuración técnica, geológica e hidrogeológica, en cuanto se adelantó en un macizo montañoso con más de siete fallas activas, posteriormente hubo grandes errores en el llenado, retardo de la presa, apertura de un tercer canal de desagüe sin licencia, cerrado irregular de túneles, e inundación de galería de máquinas”, manifestó.