En el marco del escándalo de corrupción de la refinería de Cartagena, los expresidentes de la entidad,  Felipe González Canales y Orlando José Cabrales, no aceptaron cargos. 

Los dos fueron citados a imputación de cargos en el proceso que adelanta la Fiscalía y que en criterio del ente acusador dejó una defraudación al Estado superior a los 600.000 millones de pesos en gastos no justificados.

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Los exfuncionarios no aceptaron responsabilidad en el delito de contrato sin los requisitos legales. Con este contrato, de acuerdo con la Fiscalía, ambos "vulneraron los principios de la función administrativa frente a la prevalencia del interés general al no garantizar un concurso". 

El fiscal dijo que Cabrales y Canales "en su condición de servidores públicos de Reficar celebraron un contrato para el plan de modernización de la refinería".

En su argumentación, el representante del ente acusador dijo que "Felipe Castilla Canales mostró ante la junta directiva de Reficar la viabilidad de contratar a los consorcios Foster Wheeler y Process Consultant sin adelantar el concurso".